Los asturianos tendrían que pagar también la tasa turística de su región: el Principado estudia cómo evitarlo al no poder hacerlo en la ley

Los asturianos que hagan turismo dentro de la comunidad autónoma podrían tener que pagar la tasa turística que plantea el Principado si el municipio donde pernoctan la tiene implantada. La consejera de Presidencia, Gimena Llamedo, reconoció este jueves que por ley no puede eximir del pago a nadie por su lugar de residencia, aunque aseguró que están estudiando “otras posibilidades”. "Lo hemos analizado, lo hemos consultado y estamos analizando otras posibilidades, pero la propia ley no lo puede recoger", afirmó.

Llamedo dejó claro que Asturias no es “un destino turístico masificado”, pero insistió en que “gobernar es anticiparse”. En este sentido, "una pequeña aportación de quien disfruta temporalmente de Asturias sirve para no trasladar íntegramente ese esfuerzo a nuestros vecinos y vecinas", y defendió que "nadie va a dejar de venir a Asturias por pagar la tasa". La propuesta del Principado plantea una aportación de entre 50 céntimos y 3 euros por noche según el tipo de alojamiento.

En este sentido, remarcó que no se trata de “una herramienta recaudatoria" e insistió en que el dinero se destinará íntegramente a la mejora de los municipios que la implanten. "No financia gasto general, financia aquello que el propio turismo necesita para seguir siendo sostenible", afirmó, refiriéndose a servicios de limpieza, seguridad, movilidad o mantenimiento de infraestructuras sobrecargadas en temporada alta.

La consejera y vicepresidenta del Principado informó que el plazo para la presentación de alegaciones se cerró el pasado viernes y la recepción de las mismas concluyó este martes. Por tanto, en la Consejería están "plenamente inmersos en el análisis" y en la elaboración del informe preceptivo.

Según adelantó, este documento "estará ultimado a más tardar el lunes", momento a partir del cual se iniciará la tramitación definitiva para elevar el proyecto de ley al Consejo de Gobierno, donde espera que pueda llegar dentro de dos semanas.

La implantación de la tasa fue atacada por la derecha. La diputada del PP Sandra Camino criticó que el Principado “recauda, deja que el coste lo paguen las empresas y los turistas y lo llaman sostenibilidad para que suene menos a intervención". También remarcó que la medida se toma en contra del criterio unánime de la patronal, los empresarios y los agentes sociales.

El diputado de Vox Javier Jové tachó la norma de "circo" innecesario que solo sirve para "sangrar a la gente con impuestos antes de tiempo". Según afirmó, la recaudación máxima estimada será como máximo de 2,5 millones de euros, “apenas el 0,2% de los ingresos de los ayuntamientos”.

En el extremo opuesto, Xabel Vegas insistió en que no se trata de demonizar el turismo, sino de aplicar una política de anticipación. El diputado de Convocatoria por Asturias-IU afeó, además, al PP su "doble rasero" al calificar la medida de experimento cuando sus propios alcaldes la impulsan en Galicia.

Covadonga Tomé defendió una tasa que “no tiene ningún daño reputacional y perjuicio para el sector turístico”. “No entiendo qué problema puede tener el PP con que lo recaudado se destine a mejorar servicios locales o a vivienda. Los asturianos ya pagamos tasa turística en muchos de los sitios a los que viajamos”, apuntó.

Por su parte, la diputada socialista Lidia Fernández cargó contra el "apocalipsis económico" y el "ventajismo electoral" de las derecha, asegurando que el proyecto aporta "justicia social, convivencia y valentía" frente al modelo de "barra libre y saturación".

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