La notable caída de operaciones por el conflicto sanitario en Asturias: la cifra más baja en mayo de los últimos años y una lista de espera de 22.933 pacientes

La consejera de Salud del Principado, Concepción Saavedra, ha tenido que enfrentarse este martes a las críticas de la derecha por su gestión a lo largo de esta legislatura. Al crecimiento de las listas de espera, que no han logrado esquivar el impacto de la huelga médica, aunque sí “contenerlo”, se suman las continuas advertencias de la Sindicatura de Cuentas por el “abuso” de los contratos menores y, concretamente, la adjudicación de un contrato de asesoramiento a un antiguo colaborador del gerente del Sespa, Aquilino Alonso. Respecto al impacto del conflicto sanitario, la Consejera admitió que la cifra de operaciones quirúrgicas en mayo es la más baja registrada de los últimos años.

Los datos de la lista de espera refrendan con claridad esta situación en los quirófanos. El pasado mes de mayo, apenas se produjeron 5.915 salidas de pacientes de la lista de espera quirúrgica, que se situó en 22.933 personas. Menos que las 6.896 salidas de mayo de 2025, cuando se consiguió que la lista de espera fuera también menor, con 21.488 personas. De hecho, hay que ir hasta 2022 para encontrar una peor cifra: el mes de mayo de ese año solo 5.697 pacientes salieron de la lista de espera quirúrgica, que, aún así, era incluso menor que ahora, con 22.143 pendientes de intervención.

Demoras sanitarias

La consejera también tuvo que responder a la diputada de Vox Sara Álvarez Rouco, que describió la sanidad asturiana como una “sala de espera permanente” y denunció el colapso asistencial, la situación de los profesionales y el aumento de las demoras. Álvarez Rouco reclamó reforzar la atención primaria y atraer nuevos médicos al sistema.

Saavedra admitió que el sistema sanitario asturiano sigue soportando el impacto del conflicto sanitario y que las intervenciones quirúrgicas programadas realizadas en mayo "constituyen el dato más bajo desde 2023, una circunstancia directamente vinculada al conflicto laboral". Sin embargo, sostuvo que el Principado está logrando “contener” sus efectos sobre la ciudadanía.

La responsable de Salud enumeró entre las medidas adoptadas la garantía de la atención urgente y de los procesos oncológicos y la reorganización de la actividad asistencial. “Ningún paciente con una patología a tiempo dependiente queda desatendido. Se mantienen igualmente los circuitos de respuesta rápida y los programas prioritarios de diagnóstico precoz”, detalló.

Saavedra defendió que el Ejecutivo ha hecho “todo lo que estaba en su mano” para evitar la situación y recordó los acuerdos alcanzados con los sindicatos en enero. En este sentido, diferenció entre reconocer las dificultades del sistema y trasladar una visión “catastrofista”.

Por su parte, Álvarez Rouco insistió en que el problema de las listas de espera “no es una tensión puntual, es el fracaso de una gestión”; y que el conflicto laboral supone "la fractura total entre la administración y los profesionales sanitarios".

“Lo que les queda (a los pacientes) es que la legislatura se acabe cuanto antes, que ustedes no estén en las instituciones y así la sanidad empezará a mejorar y seguramente, así con toda seguridad, aquí es cuando llegará el mejor cambio para Asturias”, afirmó.

Acusaciones por contratos

La diputada del PP Pilar Fernández Pardo acusó a la Consejería de incurrir en una "conducta impropia" y en un "claro conflicto de intereses" tras la adjudicación de un contrato de 28.100 euros a la empresa Hecsil Companies 21, cuyo único titular es Martín Blanco García, quien fuera su viceconsejero y "número dos" durante su etapa al frente de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía.

Saavedra rechazó las acusaciones y defendió que el expediente se tramitó “con publicidad, transparencia y sujeción a la legalidad”. La consejera aseguró que no se trató de una adjudicación directa, sino de un procedimiento abierto simplificado al que, una vez finalizado el plazo, solo concurrió una empresa. También señaló que el expediente está publicado en el portal de contratación y que no hay “evidencia de irregularidad”.

“Me preocupa profundamente la deriva de su intervención porque cuando uno no tiene pruebas y aun así sugiere corrupción, favoritismo o conflicto de interés, lo que está haciendo no es control parlamentario, lo que está haciendo es intentar erosionar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Y eso es muy serio. En política no todo vale”, afirmó.

En este sentido, señaló que existe una "regla básica" y pasa por que "quien tiene pruebas las presenta, quien cree que existe una ilegalidad acude a los órganos competentes, quien cree que se ha cometido un delito va a Fiscalía".

Fernández Pardo replicó que el concurso se diseñó “con un traje a medida” y volvió a defender que el gerente del Sespa debía asumir responsabilidades porque existía un claro “conflicto de intereses”. A su juicio, es evidente que “el procedimiento administrativo estuvo viciado desde el principio”.

“Lo que están haciendo ustedes se asemeja muchísimo al comportamiento de lo que se está haciendo y se hizo en los gobiernos de Zapatero, y a los hechos me remito, o del propio sanchismo”, comparó.

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