PP y Vox cargan contra Educación por dejar sin plaza en la concertada "a más de 60 niños"

La consejera de Educación, Eva Ledo, defendió este martes en el pleno de la Junta General que el Principado respeta la libertad de elección de centro por parte de las familias, aunque subrayó que ese derecho debe ejercerse dentro de los límites de la planificación educativa, la disponibilidad de plazas y la normativa vigente. La responsable autonómica respondió así a las preguntas de la diputada del PP Gloria García y del diputado de Vox Javier Jové, que acusaron a la Consejería de restringir el acceso de alumnos a centros concertados solicitados por sus familias.

Gloria García sostuvo que la Consejería está provocando una “exclusión educativa” de los alumnos cuyas familias optan por matricularlos en colegios concertados. La diputada popular citó casos como los de Dominicas (Mieres), Beata Imelda (La Felguera) o Colegio Lastra (Mieres), centros que, según indicó, tienen más solicitudes que plazas disponibles.

García defendió que muchas familias no eligen esos colegios por motivos ideológicos, sino por razones de conciliación, por la posibilidad de cursar un ciclo educativo completo o por los horarios. También acusó a la Consejería de rechazar alternativas planteadas por algunos centros, como abrir unidades de tres años a cambio de amortizar otras en secundaria.

“Hipocresía es todo para la pública, nada para la concertada, pero luego somos exalumnos y mandamos a nuestros hijos a la concertada, y nos quedamos tan felices”, afirmó García.

Ledo respondió que la libertad de elección de centro está reconocida en la Ley Orgánica de Educación, pero añadió que debe armonizarse con la obligación de los poderes públicos de ofertar plazas y con una programación general de la red de centros. La consejera citó los principios de economía, eficiencia e igualdad, y recordó que la ley también establece que las administraciones deben promover un incremento progresivo de puestos escolares en la red pública.

“Que haya una demanda de plazas en centros donde la oferta no es suficiente no pasa solo en los centros concertados, también en los públicos. Nosotros tenemos que ajustar las plazas que ofertamos y que proporcionamos a la planificación educativa que hemos realizado”, explicó. En este sentido, detalló que se tienen en cuenta áreas de influencia, áreas limítrofes y un baremo.

Ledo admitió que, para el curso 2026-2027, varios centros han registrado una demanda superior a su oferta de plazas. No obstante, insistió en que la Consejería debe ajustarse a las consignaciones presupuestarias y al concierto educativo vigente. En ese sentido, indicó que el Beata Imelda cuenta con 22 unidades concertadas, el Colegio Lastra con 12 y Santo Domingo de Guzmán con 23.

La Consejera afirmó que se reunió con algunos de esos centros y que se estudió la posibilidad de modificar unidades. Sin embargo, explicó que en secundaria no siempre era posible reducir grupos para aumentar plazas en infantil porque había cursos con un número elevado de alumnos.

Ahorro de 5.000 euros por niño al año

Por su parte, el diputado de Vox Javier Jové defendió que la educación básica debe ser gratuita, pero no necesariamente prestada por la Administración, y sostuvo que el Principado debe facilitar la elección de las familias, no imponerles centro.

Jové leyó el relato de unos padres de Langreo cuyo hijo, según explicó, quedó fuera del colegio Santo Domingo de La Felguera para cursar Infantil de tres años. El diputado señaló que la elección de la familia respondía a motivos educativos y también de conciliación, por tratarse de un centro con horario partido, servicio de madrugadores, comedor y actividades extraescolares.

El parlamentario aseguró que 67 niños han quedado fuera del colegio elegido por sus familias en distintos puntos de Asturias: 11 en Langreo, 16 en Oviedo, 17 en Gijón, 21 en Mieres y dos en Ribadesella. También defendió que escolarizar a esos alumnos en centros concertados supondría, según sus cálculos, un ahorro para las arcas públicas. “Cada niño en un colegio concertado nos cuesta 5.000 euros menos al año”, detalló.

Para cerrar el debate, Ledo recordó que la elección de centro “no se trata de un derecho absoluto” y citó jurisprudencia del Tribunal Supremo para defender que existen límites materiales y presupuestarios, tanto en los centros existentes como en las plazas disponibles.

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