Asturias blinda sus minas ante infracciones graves: la Administración podrá suspender las concesiones

Incurrir en infracciones muy graves en minería supondrá, a partir de ahora, para la empresa la posibilidad de perder la concesión. El parlamento asturiano ha aprobado este miércoles por unanimidad una reforma de la ley de infracciones y sanciones en materia de seguridad minera vigente desde 1997, que concederá al Gobierno regional más herramientas para poder actuar ante graves transgresiones.

La iniciativa fue impulsada y aprobada por todas las formaciones parlamentarias, tras la situación vivida por los mineros de Mina Miura, quienes actualmente se encuentran sin trabajo tras más de un año sin cobrar.

El diputado del PSOE Jacinto Braña defendió que la medida no trata únicamente “de castigar una conducta infractora, sino de cuestionar la continuidad de la actividad cuando las condiciones que la legitimaban han dejado de concurrir". A la vez que permitirá dotar a Asturias de una actividad minera "más exigente, más coherente y eficaz".

Rafael Alonso, del PP, subrayó que el cambio normativo otorga mayor eficacia de control a la Administración, adaptándose a la realidad de la minería actual en Asturias y promoviendo "el rigor en el cumplimiento legal". Asimismo, instó a la Administración a actuar con mayor celeridad para "poner fin a esa incertidumbre que afecta a trabajadores y familias" tanto de Mina Miura como de Tyc Narcea, permitiéndoles recuperar lo antes posible una actividad económica que ha calificado de "especial trascendencia".

Para el diputado de Vox Gonzalo Centeno, la reforma tiene su origen en el "pánico" generado por la posibilidad de que hubiera nuevos siniestros en empresas amparadas por los denominados Proyectos de Investigación (PIC) después del accidente de Cerredo donde fallecieron cinco trabajadores. Sin embargo, incidió en que la normativa actual, la ley de Minas estatal de 1973 y su reglamento de 1978, ya permitía al Principado actuar y revocar la concesión sin necesidad de ninguna modificación.

El portavoz de convocatoria por Asturias-IU, Xabel Vegas, explicó que la inclusión de la caducidad de los derechos mineros junto a la clausura evitará que “se especule con las concesiones como si fueran activos financieros”, a la vez que cargó contra empresarios mineros que han demostrado ser “auténticos sinvergüenzas”.

También el diputado de Foro Adrián Pumares se felicitó del consenso sobre una iniciativa "que nace de la sociedad civil", permite "desterrar una laguna que existía objetivamente en el ordenamiento" y dota a la administración de una capacidad que hasta ahora no tenía. Mientras que Covadonga Tomé subrayó que el objetivo es proteger "la seguridad de los trabajadores y el medio ambiente frente a conductas negligentes", dotando a la administración de un respaldo "ágil y contundente" para "frenar de inmediato actividades peligrosas".

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