Barbón defiende que asumió "responsabilidades desde el primer minuto" tras la tragedia de Cerredo y el PP le recuerda: "Hubo una negligencia clarísima"

Defendió que su Gobierno asumió responsabilidades “desde el primer minuto”, anunció que las ayudas a las familias de víctimas de accidentes laborales mortales entrarán en vigor tras el verano y aseguró que siempre han trabajado con “el propósito de reparar a las víctimas”, pero Adrián Barbón rechazó este miércoles, a pesar de la presión ejercida por el líder del PP, Álvaro Queipo, y el diputado de Foro, Adrián Pumares, respaldar y asumir el dictamen del accidente minero de Cerredo, en el que perdieron la vida cinco trabajadores. “Nosotros respetamos el trabajo de la comisión. Lo que no significa que asumamos todas las conclusiones”, afirmó.

La sesión de control al Presidente se convirtió así en un anticipo del posterior debate sobre el dictamen de la comisión de investigación. Queipo fue el primero en elevar el tono contra Barbón y le acusó de haber incumplido su promesa de llegar “hasta el final, caiga quien caiga”. “Usted no tenía pensado llegar hasta el final de nada de todo esto. Solamente tenía pensado llegar hasta el punto justo en el que no le salpica”, afirmó el presidente del PP de Asturias, que sostuvo que las conclusiones del dictamen son “muy claras”: “Hubo una negligencia política gravísima y hubo y hay responsabilidades políticas claras”.

La responsabilidad de Barbón

El líder popular reprochó al presidente que el PSOE se opusiera inicialmente a la comisión de investigación, que tratara después de controlarla, que se negara a reabrirla tras conocerse el informe de la Inspección General de Servicios y que ahora intente “denostar sus conclusiones”. “Blue Solving -empresa que sacaba carbón de la mina sin permisos- pudo hacer lo que hizo porque les tenía a ustedes en el Gobierno”, afirmó Queipo, antes de acusar al Ejecutivo de haber debilitado los controles, las inspecciones y el funcionamiento del servicio de Minas.

“Una empresa pudo extraer carbón ilegal en condiciones inhumanas porque su Gobierno debilitó el control, debilitó las inspecciones, retorció la normativa, ignoró los avisos y permitió que el servicio de Minas se convirtiese en un caos”, sostuvo el presidente del PP. Queipo preguntó a Barbón si va a “promover el cese de quienes deben ser cesados”, si va a “reconocer la negligencia” del Gobierno y si va a “pedir perdón” a las familias.

Y sentenció, después de advertirle que "este será su legado": “Si el dictamen hoy se aprueba y usted no asume sus conclusiones, estará faltando no solo a este Parlamento, sino también a las víctimas del accidente”.

Barbón respondió que el Gobierno autonómico sí adoptó medidas desde el primer momento. Citó la dimisión de la entonces consejera, Belarmina Díaz, la reorganización de la dirección general de Minas, el encargo del informe a la Inspección General de Servicios, el inicio de inspecciones sin aviso previo, el refuerzo del juzgado de Cangas del Narcea y la puesta en marcha del plan “Regenera”. “Todo esto son ejemplos de asumir responsabilidades”, defendió.

Asimismo, acusó al líder de la oposición de utilizar el accidente para intentar beneficiarse. “Usted, al abordar el tema, lo ha hecho desde una utilización de las muertes y las víctimas, y esa es la sensación que tiene una parte de la ciudadanía”.

El anuncio de las ayudas, que podrán alcanzar los 72.000 euros, permitió al presidente situar el debate también en el terreno de la reparación. Barbón explicó que la nueva línea no se limitará a la minería, sino que alcanzará a todas las víctimas de accidentes laborales mortales. Además, anunció que, aunque se retrotraerán al 1 de enero de 2025, también podrán beneficiar a accidentes anteriores que aún estén en proceso judicial. Además, serán compatibles con las indemnizaciones. “No solo vinculados a los muertos de la minería, sino a todas las víctimas de accidentes mortales”, dijo. Y añadió: “Imaginémonos que muere un pescador en alta mar. Eso también nos importa”.

Los supervivientes y la Fiscalía

El testimonio de los supervivientes de Cerredo, relatado en LA NUEVA ESPAÑA, abrió otro frente en la sesión. Adrián Pumares calificó de “impresentable” que la respuesta del presidente a esos testimonios fuese que acudieran a la Fiscalía. Barbón replicó que, si los trabajadores tienen “certezas” de que se falseaban informes de inspección, “eso es muy grave” y el camino, defendió, debe ser el judicial.

“Lo que animo a estos trabajadores, con el máximo respeto y con todo el apoyo y el cariño, es que no lo dejen pasar y vayan a Fiscalía o al juez”, sostuvo. Para el presidente, esa petición no supone desentenderse del asunto, sino “querer que se haga justicia”.

Pumares insistió en que el dictamen de la comisión tiene una doble vertiente: señalar responsabilidades políticas y proponer mejoras en la Administración. Preguntó qué modificaciones presupuestarias impulsará el Gobierno para que el plan “Regenera” no quede “en papel mojado” y señaló a varios responsables políticos de etapas anteriores de la Consejería de Industria y Minas.

Barbón defendió que el plan incorpora medidas que van más allá de lo que pedía el informe de Inspección de Servicios, entre ellas la creación de un servicio de inspección minera. Según el presidente, Asturias será “la única comunidad autónoma” con un órgano de ese tipo.

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