Y el PSOE de Barbón se quedó solo: aprobado definitivamente el dictamen que apunta a exconsejeros por sus responsabilidades en el control de Cerredo

Fue un cierre sin sorpresas. La investigación parlamentaria del accidente minero de Cerredo, en el que perdieron la vida cinco trabajadores, culminó este miércoles con la aprobación del dictamen de la comisión. Solo el PSOE votó en contra de un acuerdo que mantiene el señalamiento a excargos públicos: los exconsejeros socialistas Belarmina Díaz (ya dimitida tras el siniestro), Enrique Fernández (actual presidente de Hunosa) y Nieves Roqueñí (actual presidenta de El Musel), así como al exviceconsejero Isaac Pola. Igualmente, el dictamen señala a tres funcionarios del Servicio de Minas.

La presidenta de la comisión, Covadonga Tomé, abrió el debate con un recuerdo a las víctimas y a los supervivientes. “Entre agosto de 2022 y marzo de 2025, seis mineros no sobrevivieron y cinco resultaron gravemente heridos”, señaló, en referencia tanto al siniestro de 2025 como al accidente mortal registrado en 2022 en la misma explotación. Tomé defendió que el dictamen responde a una deuda con “sus familias y las comarcas mineras” y advirtió contra la tentación de convertir el debate en “un enredo entre izquierda y derecha”.

El texto aprobado concluye que la causa inmediata y directa del siniestro fue la realización de labores extractivas clandestinas en condiciones incompatibles con la seguridad minera. Pero también sostiene que, aunque la Administración minera no causó directamente el accidente, incurrió en fallos de control, supervisión, inspección y coherencia en las autorizaciones que favorecieron un contexto de riesgo no corregido.

La oposición defendió que esa era precisamente la función de la comisión: no sustituir a los jueces, sino fijar responsabilidades políticas. “En el dictamen se señala que no se trata de determinar una responsabilidad penal, no. El comportamiento de un empresario sin escrúpulos está en el juzgado y el juzgado dictará su resolución”, insistió Rafael Alonso.

Otra cosa, afirmó, es que “la Administración conocía ese vínculo” familiar entre las empresas que gestionaron Cerredo entre 2022 y 2025, pero “no tomó ninguna medida preventiva”. Alonso también cuestionó las ayudas anunciadas por Barbón, quien, es su opinión, buscaba el titular.

Vox apoyó igualmente el dictamen y lo hizo suyo “en la totalidad” de sus afirmaciones, análisis y conclusiones. Gonzalo Centeno defendió que la comisión actuó dentro del ámbito político y no penal, y sostuvo que el caso revela un fallo “sistémico” de la Administración. “La causa inmediata y directa del siniestro fue la realización de labores extractivas de forma clandestina en condiciones incompatibles con la seguridad minera”, afirmó.

Por tanto, “la Administración minera no causó directamente el accidente, pero los documentos aportados a esta comisión, así como las declaraciones realizadas ante ella, apuntan a que sí ha podido incurrir en fallos de control, supervisión, inspección y coherencia autorizativa”.

Convocatoria-IU apoyó el dictamen, aunque defendió su voto particular para ampliar las conclusiones. Xabel Vegas sostuvo que el documento traza “un relato fiel” de la situación que desembocó en el accidente y que su principal novedad es que llega “allí donde la Inspección General de Servicios no podía llegar”: al señalamiento de responsabilidades políticas.

“No nos basta con que las responsabilidades figuren en un documento. Deben sustanciarse con ceses o peticiones de cese”, defendió Vegas, que reclamó consecuencias para quienes sigan ocupando puestos de responsabilidad pública. La formación también reprochó que no se aceptara incluir en el dictamen al alcalde de Degaña, al considerar determinante el papel del Ayuntamiento en la falta de licencias y tasas municipales.

Adrián Pumares subrayó que hubo señales de alerta tras el accidente de 2022 y que, pese a ello, la empresa continuó operando “con total impunidad” hasta el siniestro de 2025. “Es evidente que algo falló para permitir que un empresario sin escrúpulos, una empresa pirata, pudiese actuar con total impunidad en la mina de Cerredo, a pesar, por cierto, de que hubo señales de alerta por parte, por ejemplo, de agentes de medio natural, que no fueron tenidas en cuenta”, afirmó.

El rechazo socialista

El PSOE fue el único grupo que votó en contra del dictamen. Su portavoz sostuvo que el texto “adolece de un vicio de origen insubsanable” porque, a su juicio, excede el marco competencial de las comisiones parlamentarias de investigación. René Suárez insistió en que la Cámara no puede efectuar calificaciones jurídicas, señalar incumplimientos normativos concretos ni determinar autorías de comportamientos ilícitos.

El grupo socialista defendió que sus conclusiones no están respaldadas por la actividad investigadora desarrollada y que el dictamen se apoya en “inferencias, valoraciones subjetivas, juicios de valor o interpretaciones discutibles”. También reprochó que el texto naciera, según su criterio, con “afán de capitalización política” y que se presentara primero en rueda de prensa antes de debatirse en la comisión.

Los socialistas insistieron en que rechazar el dictamen no implica “cruzarse de brazos” y recordaron las medidas adoptadas por el Gobierno autonómico tras el accidente, entre ellas el informe de la Inspección General de Servicios, el plan Regenera, la creación del servicio de seguridad minera, la reforma legal aprobada por el pleno y el compromiso de convocar ayudas específicas para las víctimas.

El debate tuvo un fuerte componente de cierre de etapa. La comisión parlamentaria nació para analizar, investigar y depurar las posibles responsabilidades políticas sobre la gestión del Gobierno autonómico en los últimos años y su relación con el accidente de Cerredo. Con la aprobación del dictamen, esa fase quedó clausurada, a la espera de que el Principado pueda asumir, aunque no parece posible, alguna de las responsabilidades incluidas en el texto. A partir de ahora, el recorrido institucional del caso se desplaza casi por completo al juzgado, que deberá determinar si existen responsabilidades penales por las muertes de los cinco mineros.

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