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La derecha carga contra el rescate de Sedes: doce millones de pérdidas en nueve años y una deuda de seis

El consejero Ovidio Zapico insiste en que el Principado "no va a liquidar" la empresa y defiende sus posibilidades en la promoción de vivienda pública, la rehabilitación y el mantenimiento del parque público

El consejero de Ordenación de Territorio, Ovidio Zapico, en la Junta.

El consejero de Ordenación de Territorio, Ovidio Zapico, en la Junta. / J. L. Cereijido

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Oviedo

El futuro de Sedes volvió este viernes al centro del debate político en la comisión de Ordenación del Territorio de la Junta General, donde PP y Vox cuestionaron con dureza la decisión del Gobierno asturiano de reflotar la constructora pública tras acumular 12 millones de euros en pérdidas en los últimos nueve años. El consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, defendió, por el contrario, la operación pactada con Unicaja para que el Principado se haga con el 100% de la sociedad y la convierta en un instrumento al servicio de la promoción de vivienda, la rehabilitación energética de edificios y el mantenimiento del parque público.

La operación pasa por la compra por un euro del 40% de las acciones que aún permanecen en manos de Unicaja. A cambio, la entidad financiera asumirá el 40% de la deuda de Sedes con terceros en el momento de la venta, algo más de dos millones de euros, y aceptará reestructurar los créditos pendientes con la empresa, unos seis millones, para que puedan devolverse en 22 años, con un interés del 3,5% y un periodo de carencia de cinco años.

Una ley por vía urgente

Zapico explicó que el Consejo de Gobierno acordó esta semana solicitar la tramitación urgente en la Junta General de la norma que permitirá completar la operación. Esa ley autorizará al Ejecutivo a suscribir un crédito con Unicaja por importe de 2,6 millones de euros, avalado por el Principado, para que Sedes pueda atender sus necesidades de tesorería y afrontar el pago de su deuda con más de un centenar de acreedores.

El consejero defendió que el Ejecutivo tiene una “hoja de ruta perfectamente trazada” y rechazó la liquidación de la sociedad. “No vamos a liquidar la empresa pública”, afirmó Zapico, que insistió en que Sedes debe servir para reforzar el sector público asturiano y actuar en ámbitos como el mantenimiento y reparación del parque público de vivienda o el impulso de infraestructuras educativas.

Según el consejero, del acuerdo con Unicaja depende que puedan cobrar los acreedores y que se mantengan los puestos de trabajo de la plantilla. En este sentido, preguntó a la derecha si están dispuestos a habilitar un día de julio para poder abordar la ley, algo que rechazaron. Zapico estuvo acompañado por Ignacio Ruiz Latierro, director general de Ordenación del Territorio.

"Están arruinando Asturias", critica el PP

Las explicaciones del consejero no convencieron a la oposición. El diputado del PP José Cuervas-Mons definió la empresa como “el perfecto ejemplo” del carácter “dilapidador” del Ejecutivo autonómico. “Ustedes están arruinando Asturias con su gestión”, afirmó el parlamentario popular.

Cuervas-Mons reprochó al Gobierno el incumplimiento de los plazos comprometidos para resolver la situación de Sedes y se preguntó “cuántas más operaciones de endeudamiento” necesitará la constructora pública. El PP vinculó este caso con otras sociedades públicas cuestionadas, como Sogepsa o la Zalia, y censuró el coste que, a su juicio, siguen soportando los contribuyentes asturianos.

También Vox rechazó la operación. Su diputado Gonzalo Centeno sostuvo que Sedes debería ser liquidada y recordó que la sociedad cuenta con un patrimonio neto de dos millones y activos por 11,9 millones correspondientes a propiedades construidas y no vendidas. A su juicio, esas cifras, unidas a las pérdidas y a la deuda acumulada, sitúan a la empresa “en las puertas de la liquidación”.

Centeno calificó el acuerdo con Unicaja de “ingeniería contable” y sostuvo que el banco “no pierde un duro” porque afianza el cobro de sus créditos con el aval del Principado. “Nos están robando. Yo quiero ser Unicaja”, llegó a afirmar el parlamentario de Vox, que censuró el desembolso continuado de recursos públicos para sostener la actividad de la sociedad.

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