Gonzalo López, exteniente fiscal de la Comunidad Valenciana, alerta de un "absurdo jurídico" que deja desprotegidas a las personas discapacitadas: "Solo hace falta pensar"

No fue una inauguración al uso. La Junta General del Principado abrió este jueves sus puertas para un debate muy particular: el de las jornadas "Los derechos fundamentales de las personas con discapacidad", organizadas por la Fundación Aequitas y el Consejo General de Notariado, en un acto que reunió a representantes de las principales instituciones vinculadas a la justicia y el notariado. Entre ellos estuvieron la vicepresidenta primera de la Cámara asturiana, Celia Fernández; la decana del Colegio Notarial de Asturias, María Isabel Valdés-Solís; el teniente fiscal del Principado, Íñigo Gorostiza; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús María Chamorro, y el Fiscal General de Asturias, Gabriel Bernal. 

El presidente del TSJA reivindicó el papel de los jueces como garantes de los derechos de las personas con discapacidad. Y subrayó que el Poder Judicial lleva años trabajando para adaptar los procesos judiciales a sus necesidades, impulsando ajustes que hagan la justicia más accesible y efectiva, y recordó que el Consejo General del Poder Judicial cuenta con un foro específico sobre discapacidad para avanzar en esa línea. "El Poder Judicial tiene que ser sensible desde su imparcialidad y su neutralidad cuando una persona con discapacidad es parte del Poder Judicial", defendió, al tiempo que apeló a seguir profundizando en las reformas que permitan una tutela judicial realmente igualitaria.

La intervención inaugural fue tan jurídica como combativa. Gonzalo López Ebri, exteniente fiscal de la Comunidad Valenciana y patrono coordinador de los foros territoriales de discapacidad de la Fundación Aequitas, dejó claro desde el principio que no venía a Asturias a repetir el discurso habitual. "Todos les van a decir que la Ley 8/2021 ha sido un hito histórico. Yo les voy a hablar de todo lo contrario", arrancó. Una frase que sirvió de declaración de intenciones. Porque, sí, reconoció los avances que ha supuesto la reforma, pero advirtió de que sigue existiendo una pieza del engranaje jurídico que, en su opinión, chirría demasiado: el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el que regula los ingresos involuntarios.

Y ahí fue elevando el tono. "No hace falta ser jurista, solo hace falta pensar", lanzó al auditorio para cuestionar que una norma que afecta directamente a la libertad de las personas permanezca prácticamente intacta desde hace 43 años. A su juicio, resulta incomprensible que una regulación de ese calado no se haya adaptado todavía a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Pero la crítica no terminó ahí. López Ebri fue enlazando ejemplos, preguntas y situaciones cotidianas para aterrizar un debate que, de entrada, podría parecer reservado a los especialistas. Porque, vino a decir, cualquiera puede verse algún día en esa situación. "Todos nosotros somos destinatarios posibles", advirtió al recordar que enfermedades neurodegenerativas o un accidente pueden llevar a cualquier persona a perder la capacidad de decidir por sí misma.

Fue entonces cuando dirigió el foco hacia un aspecto del que, aseguró, se habla poco: el patrimonio. "Lo primero que deja fuera de la residencia es la vivienda", explicó para ilustrar cómo, tras un ingreso involuntario, pueden abrirse situaciones de desprotección patrimonial. Sin inventarios previos, sin controles suficientes y, en ocasiones, sin que quede constancia de los bienes de la persona ingresada, denunció que pueden producirse expolios difíciles de demostrar. Incluso relató el caso de un pintor cuya vivienda fue vaciada por completo antes de que un Ayuntamiento tratara de organizar una exposición retrospectiva con su obra. Ya no quedaba ni un cuadro.

Su propuesta pasa por aprovechar el tiempo que transcurre antes de un ingreso ordinario para hacer justamente lo contrario: proteger. "Nuestro objetivo es promover, proteger y asegurar que las condiciones de igualdad en todos los derechos humanos y en las libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad", aseguró.  Identificar quién ejercerá como guardador de hecho, elaborar un inventario de bienes, conocer la voluntad de la persona y, si es necesario, adoptar medidas cautelares antes de que sea demasiado tarde. "Hay que proteger patrimonialmente a las personas", insistió.

Y como si quisiera rebajar la intensidad del diagnóstico antes del desenlace, el jurista cerró la conferencia con una imagen poderosa. Recurrió al viaje de Ulises para explicar que las decisiones importantes conviene tomarlas cuando todavía se puede hacerlo. Igual que el héroe griego pidió ser atado al mástil para no sucumbir al canto de las sirenas, defendió que cualquier persona debería dejar por escrito quién quiere que gestione su patrimonio, dónde desea ser atendida o qué decisiones deberán respetarse si algún día pierde la capacidad para decidir.

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