Cuando el 20 de noviembre de 1975 murió el general Franco, nadie podía imaginar que apenas seis años y un mes después Asturias iba a ser una Comunidad Autónoma con el nombre histórico de Principado de Asturias. Circunstancias de la vida profesional me llevaron a trabajar en una de las agencias que hizo la campaña de publicidad de la Unión de Centro Democrático. Desde tan privilegiado lugar supe de la preocupación que suscitó en los responsables de la UCD asturiana el mar de banderas azules asturianas que inundaba toda la campaña y el que en la papeleta con sus candidatos que se iba a buzonear, figurase el nombre de Oviedo en lugar del de Asturias que estaba sonando a todas horas. ¿Qué podría ocurrir?
Antes de las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977, sólo dos partidos habían hecho una propuesta propia de autonomía para Asturias. Uno era el Partido Socialista Popular, en el que se había integrado un grupo con vocación regional denominado Democracia Socialista Asturiana, liderado por Pedro de Silva, que había dado a conocer unas “Bases para la autonomía de Asturias”, y el otro, el Movimiento Comunista de Asturias que editó un “Anteproyecto de Estatuto de Autonomía” articulado. También había animado la llamada “cuestión regional” la revista “Asturias Semanal” que había publicado, a poco de morir Franco, unas denominadas “Bases para un manifiesto regional” que suscribieron diversas personalidades políticas, sociales y académicas.
Un año antes de las elecciones, el 22 de junio de 1976, Conceyu Bable había convocado a una manifestación en Gijón por la “autonomía” y el “bable en la escuela” que reunió a varios miles de personas. La pancarta que abría la manifestación decía: “Bable a la escuela y autonomía rexonal”, y en primera fila marcharon representantes tanto del PSOE y del PCE como de otros grupos más minoritarios. La demanda de autonomía o autogobierno se fue colando en la Transición, junto a la reclamación de libertad y amnistía, tanto en aquellos lugares donde ya existía una tradición autonomista anterior, las llamadas nacionalidades históricas, como en el resto de las regiones, que no querían quedarse fuera del reparto político que podría suponer una nueva organización del Estado.
Pese a lo que algunos han afirmado, no existía un plan o guión detallado de lo que se iba a hacer a la muerte de Franco. Sí estaba claro lo que se quería dejar atrás y, menos definido, hasta dónde se quería llegar. Fueron en muchas ocasiones las circunstancias las que impusieron innovaciones que no estaban previstas. Las movilizaciones populares determinaron, en buena medida, que la transición no fuera una democracia otorgada e incompleta y que se acortaran plazos que se preveían mucho más largos. Como escribió el historiador Javier Tusell: “Todas las transiciones democráticas, como cualquier proceso histórico complejo, han sido una complicada partida de ajedrez a varias bandas en las que el resultado final de ninguna manera estaba escrito”.
La lejanía en el tiempo dulcificó y atemperó las sensaciones experimentadas durante la Transición, que se vivió al mismo tiempo con una gran carga de ilusión y con muy fuertes tensiones, y hasta con momentos trágicos: muertes de Vitoria, matanza de los abogados laboralistas de Atocha, sucesos de Montejurra, los asesinatos y secuestros de ETA y GRAPO, golpe de estado de Tejero… Este último es la prueba de que el denominado “ruido de sables” del que tanto se habló, no era humo de pajas. Una parte de los altos mandos del ejército no era muy propicia al cambio. Sirva de ejemplo lo ocurrido a la Comisión de Defensa formada en las primeras Cortes elegidas en junio de 1977 con ocasión de una visita oficial a la Brigada Paracaidista en Alcalá de Henares. Iban a contemplar unos ejercicios militares, pero el mal tiempo impidió su realización.
En su lugar, visitaron las instalaciones y participaron del rancho de los soldados. En el curso de la comida, el general jefe de la unidad, Torres Rojas, sorprendió a la Comisión con estas declaraciones: “El ejército es un león dormido y ustedes, los demócratas, le están haciendo cosquillas, y el león se puede despertar dando zarpazos”. Añadiendo a continuación: “Y usted, don Jorge Pujol (recalcando bien la jota), no crea que al ejército Barcelona le quede lejos”. Presidía la citada Comisión el socialista Enrique Mujica y Pujol era uno de sus miembros. Después de la comida, para tranquilizar a la Comisión, el comandante ayudante trató de disculpar a su general, que tenía voluntad de hacerse a la nueva situación, y les contó que por las tardes le leía algunos textos de Ortega y Gasset.
La abstención en Asturias se dejó notar en las zonas más politizadas de las cuencas mineras y centros industriales
El primer jefe de Gobierno tras la muerte de Franco fue Carlos Arias Navarro, político estrechamente ligado al régimen anterior y al bando vencedor en la guerra civil. Su elección fue una primera decepción para las fuerzas que esperaban un cambio democrático. Pese a algunas vagas promesas de cambio para procurar que el conjunto de nuestro ordenamiento jurídico-político tendiese a una mayor homogeneidad con la comunidad occidental, en los meses que gobernó no se avanzó en la democratización y continuó el régimen anterior sin apenas cambio. Coincidió su gobierno con una conflictividad social sin precedentes en Asturias, Madrid, Cataluña, País Vasco y otros centros industriales. Se debían de renovar varios convenios colectivos y esta contingencia se unió a las demandas de derechos sindicales y políticos y a la reclamación de una amnistía total. Las fuerzas de seguridad, ni preparadas ni acostumbradas a actuar en esta nueva coyuntura política, reprimieron duramente las movilizaciones sociales, con consecuencias tan dolorosas como lo ocurrido en Vitoria el 3 de marzo de 1976, donde dispararon contra una multitud de trabajadores que celebraba una asamblea en una iglesia, lo que ocasionó cinco muertos y más de ciento cincuenta heridos.
A Arias Navarro sucedió Adolfo Suárez González, otro político procedente del régimen anterior, pero ya perteneciente a una generación que no había hecho la guerra. A poco de hacerse cargo de la presidencia del Gobierno, el 16 de julio de 1976, anunció un referéndum sobre los cambios constitucionales que se iban a acometer y elecciones democráticas antes de fines de junio de 1977. Se reformó el Código Penal para posibilitar la legalización de los partidos políticos hasta entonces prohibidos y se aprobó un nuevo decreto de amnistía, del que quedaron exceptuados los atentados contra la vida o integridad física de las personas.
Pieza fundamental de su programa fue la Ley para la Reforma Política, aprobada por las Cortes franquistas el 18 de noviembre de 1976 por 497 votos a favor y 59 en contra, y que supuso un corte sin ruptura con el sistema político anterior. Presidía esas Cortes Torcuato Fernández Miranda, nombrado para el cargo por el Rey el 3 de diciembre de 1975. El gijonés había sido preceptor del monarca y le había aclarado que las llamadas “leyes fundamentales” del franquismo “obligan pero no encadenan” y que se podía pasar de “una situación a otra desde la ley”. Su fórmula era “de la ley a la ley a través de la ley” y supo conducir con habilidad estas últimas Cortes franquistas.
La ley para la Reforma Política establecía órganos representativos elegidos por sufragio universal y otorgaba al pueblo la capacidad de establecer el orden constitucional y fijar las normas del sistema electoral. Fue aprobada en referéndum el 15 de diciembre de 1976 con una gran participación a nivel nacional del 77,7 por cien y un voto afirmativo del 94,4 por cien. La oposición democrática, unida desde el 26 de marzo de 1976 en la denominada Coordinación Democrática o Platajunta, pidió la abstención al estar los partidos aún por legalizar y muy limitadas las libertades democráticas. La Platajunta era el resultado de la fusión de la Junta Democrática, promovida fundamentalmente por el PCE y creada en julio de 1974, y la Plataforma de Convergencia Democrática, auspiciada por el PSOE y otros partidos y surgida en junio de 1975. La abstención en Asturias se dejó notar en las zonas más politizadas de las cuencas mineras y centros industriales, inmersas desde hacía tiempo en una grave crisis económica.
Las elecciones se convocaron para el 15 de junio de 1977 y despertaron gran expectación, al tiempo que incertidumbre, pues ninguna fuerza política tenía conciencia real de su verdadero respaldo popular. El sistema electoral elegido, el proporcional, corregido con la ley d’Hondt, favoreció claramente a los partidos más votados. La jornada electoral discurrió con toda normalidad y una alta participación (78,83%). Resultó ganador el partido que apoyaba el presidente del Gobierno, la Unión de Centro Democrático (UCD), con un 34,6 por cien de los votos y 165 escaños. Segundo, contra pronóstico, quedó un renacido Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con el 29,4 por cien de los votos y 118 escaños. El PCE-PSUC, fuerza que había estado omnipresente en la oposición al franquismo, consiguió sólo el 9,3 por cien de votos y 20 escaños. El cuarto lugar fue para Alianza Popular, partido liderado por varios ex ministros del franquismo, gran derrotado, con el 8,8 por cien de los votos y 16 escaños.
Las elecciones se convocaron para el 15 de junio de 1977 y despertaron gran expectación, al tiempo que incertidumbre, pues ninguna fuerza política tenía conciencia real de su verdadero respaldo popular
En Asturias los resultados dibujaron un mapa político que será el más repetido desde entonces. Victoria de los socialistas, con cuatro diputados; segundo lugar para la Unión de Centro Democrático, con otros cuatro; y resultados decepcionantes para el PCE y Alianza Popular, con un único diputado. El 20 de julio de 1977, los catorce parlamentarios, los diez diputados más los cuatro senadores, se constituyeron en el entonces palacio de la Diputación Provincial en Asamblea de Parlamentarios y acordaron dar los primeros pasos para la elaboración de una propuesta de autonomía para Asturias. Ninguno de los cuatro partidos había hecho expresa declaración de pedir autonomía para Asturias. Pero en ese momento, las aspiraciones de democracia y autonomía se asociaron de tal manera, que llegó a parecer consustancial el acceso a la democracia y una pareja descentralización de la organización estatal. Así, no solo las llamadas nacionalidades históricas, sino también otras comunidades sin apenas ninguna historia autonomista a sus espaldas, reclamaron autogobierno, aspiración que el ministro para las Regiones, Manuel Clavero Arévalo, resumió en la expresión “café para todos”. Las Cortes surgidas de las elecciones se hicieron eco de esa demanda y en la Constitución aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978, se incluía en su título VIII una nueva organización del Estado en comunidades autónomas.
El camino hasta la aprobación del Estatuto de Autonomía para Asturias fue largo y con múltiples paradas. Tres meses después de su constitución, el 11 de octubre de 1977, la Asamblea de Parlamentarios acordó entablar negociaciones con el Gobierno para dotar a Asturias de un régimen de autonomía provisional o Preautonomía. El Decreto-ley de constitución del Consejo Preautonómico fue aprobado por el Gobierno el 25 de agosto de 1978 y se publicó en el “Boletín Oficial del Estado” el 10 de octubre de 1978. El Decreto reconocía a Asturias como “una provincia con entidad regional histórica” y encomendaba la función de gobernar y administrar la región a un órgano colegiado, el Consejo Regional de Asturias, integrado por los catorce miembros de procedencia parlamentaria (los diez diputados y cuatro senadores), de entre los que se elegiría un presidente, un vicepresidente y un secretario. Se crearían además once consejerías que se encargarían de administrar las competencias que fueran objeto de transferencia.
El 10 de noviembre de 1978, en el salón de sesiones de la Diputación, se constituyó formalmente el Consejo Regional de Asturias y se eligió como su presidente al senador socialista Rafael Fernández Álvarez, vicepresidente e Interior, al centrista Luis Vega Escandón y secretario al socialista Francisco Prendes Quirós, que sustituyó a Luis Gómez Llorente, cabeza de la lista socialista por Asturias. El Consejo quedó formado por seis socialistas, cinco centristas, un aliancista, un comunista y un independiente, el senador Atanasio Corte Zapico, que posteriormente se integraría en el PSOE. Para facilitar las relaciones entre el Consejo y la Diputación Provincial, se integró en el órgano preautonómico, sin consejería, al vicepresidente del organismo provincial, Luis Sáenz de Santa María.
En un guiño a la historia, al día siguiente, 11 de noviembre de 1978, el Consejo Regional, con todos sus cargos ya electos, se reunió en el ayuntamiento de Cangas de Onís, primera capital del Reino de Asturias en la Alta Edad Media. Al acto asistió el ministro para las Regiones, Manuel Clavero. Ese mismo mes de noviembre de 1978, el día 1, había sido proclamado Príncipe de Asturias don Felipe de Borbón.
El 5 de diciembre de 1978, el Consejo Regional nombró a sus 15 representantes en la Comisión Mixta de Transferencias del Estado al Consejo Regional, entidad que tuvo una actuación muy premiosa. Las primeras competencias no fueron transferidas hasta diciembre de 1979.
El 25 de junio de 1979 los partidos designaron una Comisión Redactora del Anteproyecto de Estatuto de Autonomía para Asturias compuesta por 24 miembros. Posteriormente se creó la “Subcomisión Técnica”, con ocho componentes
Tras la aprobación de la Constitución, las Cortes fueron disueltas y hubo nuevas elecciones el 1 de marzo de 1979. En Asturias se repitieron grosso modo los resultados de las primeras: cuatro PSOE, cuatro UCD, y uno PCE y Coalición Democrática, organizada por AP. En el Senado, el PSOE obtuvo tres senadores y la UCD el cuarto. Apenas un mes después se celebraron las primeras elecciones municipales democráticas, que supusieron la renovación de todos los ayuntamientos. En votos absolutos ganó también el PSOE, por escaso margen sobre UCD, terceros fueron los comunistas y a continuación, bastante alejados, la citada Coalición Democrática.
Para entonces el Consejo Regional había adquirido el compromiso de “defender la autonomía como una necesidad para Asturias, dentro del principio de unidad y solidaridad de los pueblos de España”, de acuerdo con la Constitución. El 25 de junio de 1979 los partidos con representación parlamentaria designaron una Comisión Redactora del Anteproyecto de Estatuto de Autonomía para Asturias compuesta por 24 miembros. Posteriormente se creó una denominada “Subcomisión Técnica”, con ocho componentes, dos por cada partido con representación, que se encargó de elaborar un borrador de Estatuto.
Un primer asunto de discusión fue cuál habría de ser la vía de acceso a la autonomía, si la fijada por el artículo 151 de la Constitución, llamada vía rápida, o la del 143, o vía lenta. PSOE y PCE optaron por la del artículo 151, mientras que UCD propugnó la del artículo 143, y Alianza Popular sostuvo una posición ambigua. Ello hacía imposible llegar a ningún acuerdo, por lo que finalmente se pactó seguir las pautas marcadas por el 143, pero con algunas condiciones, como que el Estatuto de Autonomía recogiera la refundición de la Diputación Provincial y el Consejo Regional en un solo órgano, y una única persona como máximo representante regional; la creación de un parlamento regional elegido por sufragio universal y con potestad legislativa y una serie de compromisos sobre las competencias a asumir. PSOE y PCE cedieron en la elección de la vía lenta, y UCD, que controlaba la Diputación, aceptó su disolución en el futuro órgano de gobierno. Otras discusiones animaron y tensaron la elaboración del proyecto de Estatuto. Finalmente se concluyó la redacción, y el 1 de diciembre de 1979 el Consejo Regional adoptó la decisión de “constituir a Asturias como Comunidad Autónoma”.
El rey Juan Carlos I firmó el 31 de diciembre de 1981 el texto legal en Baqueira Beret (Cataluña), donde pasaba unas jornadas de descanso
Tal y como fijaba la Constitución, el proyecto de Estatuto de Autonomía se discutió por una Asamblea compuesta por los parlamentarios y los diputados provinciales de Asturias en un proceso que concluyó el 12 de abril de 1980. Fue aprobada la totalidad del proyecto por 41 votos a favor y dos en contra, los de Coalición Democrática. El 21 de abril de ese año el proyecto entró en el Congreso de los Diputados, siendo aprobado por las Cortes el 15 de diciembre de 1981, y promulgada la Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía para Asturias, 7/1981, el 30 de diciembre, hace ahora cuarenta años. Su artículo 1º declara: “Asturias se constituye en Comunidad Autónoma con la denominación de Principado de Asturias”.
El rey Juan Carlos I firmó el 31 de diciembre de 1981 el texto legal en Baqueira Beret (Cataluña), donde pasaba unas jornadas de descanso. El Estatuto de Autonomía de Asturias fue el primero de los que siguieron la vía del artículo 143 o vía lenta y sirvió de pauta a los que le siguieron. Su publicación en el “Boletín Oficial del Estado” tuvo lugar el 11 de enero de 1982.
El 31 de enero de 1982, el Estatuto de Autonomía de Asturias entró en vigor y quedó constituida en consecuencia la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
