Una insurrección anunciada: así se gestó la Revolución del 34 en una sidrería de Gijón

El sábado, 31 de marzo de 1934, en una sidrería de Gijón, Casa Manfredo, cinco hombres firmaban un pacto que había sido precedido de laboriosas negociaciones. Uno de ellos, Bonifacio Martín, representaba a la Unión General de Trabajadores; otro, Graciano Antuña, a la Federación Socialista Asturiana; los otros tres, Horacio Argüelles, José María Martínez y Avelino González Entrialgo, a la CNT. Al día siguiente el periódico socialista "Avance" daría cuenta de la constitución de una alianza cuyos propósitos eran la "lucha abierta contra el fascismo" y la oposición a la guerra en Europa. Pero, en realidad, la Alianza, una de las primeras que se constituían en España entre anarquistas y socialistas con tal finalidad, tenía una intención claramente revolucionaria, cuyo objetivo último era la conquista del poder político para la clase trabajadora con la finalidad de establecer un nuevo orden social.

Esos planteamientos revolucionarios, que entonces se ocultaban tácticamente, irían aflorando, sin embargo, en los meses sucesivos hasta llegar a hacerse abrumadoramente patentes, como se puede apreciar con el examen de fuentes de la época, particularmente el diario "Avance", sostenido por el Sindicato de Mineros Asturianos SMAL, el más poderoso de los sindicatos de rama de la UGT asturiana, a su vez la central sindical más fuerte de la región (40.000 afiliados, por 201000 de 18 CNT).

El triunfo electoral del centro-derecha derecha en las elecciones de 1933 y el subsiguiente giro conservador de la política española hicieron progresar rápidamente en las filas socialistas las tesis radicales de Francisco Largo Caballero, que suponían el abandono de la fe en la República liberal y burguesa, negación de la que participaban otras fuerzas de izquierda, como los anarquistas y los todavía minoritarios comunistas.

La izquierda radicalizada expresaba con particular agresividad su recelo, compartido por otras fuerzas republicanas más moderadas, hacia la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) y muy especialmente hacia el principal de los partidos que integraban la coalición, Acción Popular, comandado por José María Gil Robles, a quien se atribuía la intención de establecer en España un régimen fascista o corporativista como los que existían en ese momento en Italia, Alemania, Austria o Portugal. Acción Popular coincidía con la izquierda revolucionaria en manifestar un escaso aprecio por la democracia formal y su agresiva organización juvenil (la JAP) llevaba su desprecio al extremo de expresar en el punto 13 de su ideario lo siguiente: "Antiparlamentarismo. Antidictadura. El pueblo se incorpora al gobierno de un modo orgánico y jerárquico, no por una democracia degenerada".

Este punto, con los 18 restantes, fue leído en el mitin que, bajo la presidencia de Gil Robles se celebró el 9 de septiembre de 1934, en Covadonga, con motivo de la asamblea de las Juventudes de Acción Popular de Asturias, Santander y León.

La izquierda hizo todo lo posi- ble por reventar este mitin: desde la convocatoria de una huelga general en Asturias, hasta la siembra de tachuelas en las carreteras que llevaban a Covadonga o el levantamiento de carriles del tendido ferroviario, e incluso disparos contra algunos viajeros. Pero aunque con una asistencia menor de la que se hubiera producido en condiciones normales, Gil Robles pudo hablar a los suyos e insinuar la intención de Acción Popular de avanzar hacia un poder del que todavía no participaba, pues no estaba representada en el Gobierno.

Las armas

Dos días después del mitin de Covadonga, llegaba a la opinión pública asturiana una noticia extraordinariamente llamativa: durante la noche del 10 al 11 la Guardia Civil había intercepta do en Soto del Barco, un importante alijo de armas y municiones, que estaban siendo desembarcadas desde un "buque" desconocido. Entre los detenidos en la operación figuraba el alcalde socialista de Siero y en las cercanías habían sido vistos los diputados Ramón González Peña y Amador Fernández, que habían hecho valer su inmunidad parlamentaria, ante los guardias que los identificaron a bordo de un automóvil. Más sensacional fue el rumor, posteriormente confirmado, de que también se encontraba por los alrededores una de las más caracterizadas figuras nacionales del PSOE, el ex ministro Indalecio Prieto.

La convicción de la autoridad de que sólo se había logrado incautar una parte de las armas, que se pretendía desembarcar, estaba bien fundada. La noticia Policía había recogido 73 cajas, pero más de 160 habían logrado ser conducidas río Nalón arriba, hasta Valduno (Las Regueras), en tanto que 188 quedaron en el buque, que posteriormente sería identificado con un viejo pesquero rebautizado con el nombre de "Turquesa", cuyo flete en Cádiz, había sido gestionado por el propio Indalecio Prieto. El proyecto de la revolución ya estaba decididamente en marcha, a falta de que se fijara su día D. Hacía tiempo que trabajadores socialistas de la Fábrica de Armas de Oviedo habían comenzado a sacar fusiles, desmontados, y que los mineros realizaban acopio de la dinamita que se empleaba en las empresas en que trabajaban.

El mismo día en que se descubrió el alijo de armas, el gobernador civil de Asturias, Blanco Santamaría, suspendió en sus funciones a once alcaldes socialistas y nombró otros tantos delegados gubernativos.

Los siguientes días de septiembre transcurrieron en un clima de creciente tensión social, mientras se elevaba a la vez la temperatura política, ante la inminente reapertura de las sesiones parlamentarias.

La señal

Las Cortes se abrieron el 1 de octubre y en esa misma sesión, Gil Robles anunció que su partido retiraba su confianza al Gobierno presidido por el radical López Samper, con lo que abría una crisis, que solo ofrecía dos salidas, la formación de un nuevo Gobierno o la convocatoria de elecciones anticipadas.

Los días siguientes fueron febriles. El presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, evacuó consultas con los distintos grupos parlamentarios y con algunas personalidades a título individual. Luego encargó a Alejandro Lerroux la formación del nuevo Gabinete. Fernando de los Ríos, tras acudir a la consulta con el veterano político radical, expresó públicamente, en nombre del PSOE que era "imposible dar entrada en el mismo (Gobierno), a partidos como Acción Popular, que atentan contra las bases del régimen (...) Entregarles el Poder o permitir su entrada en el Gobierno sería entregarles el régimen". Juicios de similar dureza fueron emitidos por otros partidos del espectro centro-izquierda.

Pero Lerroux acabó dando entrada en el Gabinete a tres hombres de la CEDA, entre los que no se encontraba Gil Robles.

La orden

La noticia fue conocida oficialmente el 3 de octubre, por la tarde. El Comité Revolucionario, bajo la presidencia de Largo Caballero, se hallaba reunido desde bastante antes y ya había tomado previsiones, ante esta eventualidad, que se consideraba más que probable. El día antes varios emisarios habían salido para provincias con órdenes cifradas, a las que solo faltaba añadir una consigna por telégrafo para que desencadenasen la rebelión armada. Según determinadas versiones, que otras fuentes contradicen, la orden con destino al comité revolucionario de Asturias la llevaba el diputado Teodomiro Menéndez, perteneciente al ala moderada del PSOE.

El comité revolucionario central envió a primeras horas de la noche los telegramas que confirmaban la inmediata puesta en marcha de la "huelga general revolucionaria".

Este término tenía en Asturias una inequívoca significación de lucha armada.