Cada año por estas fechas el Gobierno de Javier Fernández nos deja algún problema en la sanidad asturiana antes de irse de vacaciones. O una bomba programada en forma de decreto, que se convierte en la mayor huelga sanitaria de la democracia. O unas listas de espera desbocadas y sin visos de solución. O los pésimos resultados de una política de personal lamentable -por no decir nula-, que ahora, lejos de arreglarse, se ven agravados por la inacción de un Gobierno que prefiere meter los problemas debajo de la alfombra y esperar a septiembre, o ya veremos, para solucionarlos.
Pero la polvareda es descomunal y ya asoma por todas partes, porque los socialistas no han sido capaces de resolver ni la sustitución del gerente del HUCA, buque insignia de la sanidad asturiana. Hubo convocatoria pública y candidatos para la plaza, pero inexplicablemente se declaró desierta y el puesto sigue vacante. Todo apunta a que nos encontramos ante otra nueva chapuza del Sespa. Como las que se desprenden de algunos de los testimonios que estamos escuchando en la comisión de investigación que se lleva a cabo en la Junta General del Principado sobre las listas de espera, que han dado lugar a muchos titulares y la mayoría escandalosos.
Por no hablar del proceso de movilidad de los profesionales, que se ha llevado a cabo en una torpeza infinita, saltándose a la torera la legalidad laboral vigente. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha anulado los nombramientos eventuales de facultativos especialistas de área sanitaria llevados a cabo al amparo de una resolución del Sespa de diciembre de 2014 por la que se autorizaba a las gerencias a prorrogar las designaciones de profesionales que finalizaban a 31 de diciembre de 2014. Y dado que algunos de los contratos de prolongación de los profesionales que han sido desplazados tras el traslado se firmaron con el mismo método, y algunos además se encuentran recurridos, es muy probable también su anulación. Dura lex, sed lex.
Hay que recordar que el actual concurso de traslados se realiza por prescripción legal. Es obligatorio. Y así lo puso de manifiesto una sentencia (en otra categoría profesional) que debería haber puesto las barbas del Gobierno a remojar ante la amenaza de otro incendio en la sanidad asturiana. Sin embargo, al Consejero sólo le ha faltado salir a las negociaciones con la placa de sheriff en la solapa, y se ha tenido que recurrir a la modificación de varios puntos del pacto de contrataciones hasta en cuatro ocasiones, la última el mismo día de publicación de las listas definitivas de cese.
Sin profesionales. Todo ello para evitar lo que desde el Partido Popular ya le venimos advirtiendo desde hace tiempo: que las áreas periféricas de Asturias se quedaban sin profesionales, lo que compromete las prestaciones sanitarias en dichas zonas. De hecho, ya se está convirtiendo en habitual la suspensión de operaciones quirúrgicas. Hoy en Cangas del Narcea, ayer en Arriondas y mañana en Jarrio. El denominador común: estos casos se dan en centros que han visto disminuida su plantilla.
La solución, en parte, quizá sería una reforma urgente del pacto de contrataciones y, a la vez, comenzar ya a aplicar la contratación a partir de una bolsa de trabajo por especialidades, algo que la Administración asturiana evita, creyendo que se maneja mejor la situación en los tiempos de precariedad. Precariedad propia de un Gobierno caciquil.
El despropósito de la gestión socialista llega a tal punto que en algunos servicios hay más eventuales que plantilla orgánica. Decía otra reciente sentencia que las plazas de facultativos deben estar perfiladas en la plantilla orgánica, y no hacerlo ad hoc en las convocatorias a mejor interés del convocante, que es precisamente lo que ha ocurrido con las contrataciones ahora anuladas. Pero el Gobierno regional no se cansa de tropezar con la misma piedra, en este caso judicial.
¿Y todo esto a qué nos lleva? Pues a la desmotivación de los profesionales, a la fuga de capital humano y conocimiento y a problemas para mantener la asistencia sanitaria, con el consiguiente perjuicio a los pacientes, fin último de cualquier sistema de salud de calidad.
Propongo a nuestro avezado consejero de Sanidad que se esmere en una oferta pública de empleo (OPE) ejemplar, con la metodología y las recomendaciones que se aprobaron en la Junta a instancias del Grupo parlamentario Popular, que corrija las desviaciones previas de temporalidad y, a partir de ahí, lleve a cabo las convocatorias de empleo y los traslados de forma bienal. Que establezca de una vez por todas métodos públicos basados en los méritos para la selección de personal facultativo. Que actualice la plantilla orgánica del Sespa con la inclusión de los puestos y características que sean necesarios y desarrolle una actualización periódica flexible para adaptarse con rapidez a las necesidades reales.
En fin, que apliquen política de personas más que de personal, para que los profesionales puedan centrarse en lo importante, esto es, en la atención de sus pacientes. Aunque parece ser que tendremos que esperar a que el Gobierno de Javier Fernández vuelva de vacaciones.
