No conozco a José Luis Díaz Rato ni a Fernando Menéndez Rexach. Me alegro de que hayan sido exonerados de la pena que se les pedía: 135 millones por presuntas irregularidades contables en la obra de El Musel.
La sentencia que los absuelve nos lleva a una consideración sobre la Justicia y sobre algunos justicieros. Se deduce de ella que, pese a que en un momento del proceso ya estaban descartadas las irregularidades por el Tribunal de Cuentas, la acusación siguió adelante durante un año más, en un empeño entre político y justiciero. Ello ha supuesto un tiempo añadido de sufrimiento e incertidumbre para los dos encausados, y un mayor ensombrecimiento de su imagen pública.
(Todo ello, al margen de que la enorme ampliación del puerto xixonés haya sido acertada: la limitación de su hinterland, la competencia de otros puertos próximos, la finalidad de convertirlo en lugar de intercambio y almacenamiento de mercancías la hacen muy dudosa).
Lo que podríamos llamar "extralimitación" judicial o actitud justiciera en el mundo judicial no es infrecuente. Algunos jueces y fiscales parecen querer convertirse en héroes populares en casos de presunta corrupción o del ámbito político. Así, el juez Sorando abrió con el caso Marea una instrucción general que implicaba a decenas de "supuestos", la mayoría con imputaciones mínimas; la jueza Pilar de Lara (ahora sancionada por sus compañeros) venía haciendo una instrucción también semejante. El juez de Prada introdujo en su sentencia sobre Gürtel algunas consideraciones de intención política (las que justificaron la moción de censura) que no venían a cuento según la Audiencia Nacional. En otros casos, los fiscales no desdeñan "mancharse las togas con el polvo del camino", como afirmó Conde Pumpido. Recientemente, la Asociación de Jueces para la Democracia enseña el plumero partidista aplaudiendo el acuerdo de gobierno entre Pedro y Pablo. ¡Para confiar en su imparcialidad!
Apetece decir aquello de Romanones: ¡Joder, qué tropa!
