No es un buen acuerdo, es imposición

En defensa de los recursos municipales para luchar contra la crisis sanitaria

Siempre se ha sostenido que el municipal es el ámbito de la gestión de lo público menos condicionado por la ideología y las siglas. La prueba más evidente es que no es infrecuente que, en las elecciones municipales, los resultados difieran significativamente de los obtenidos en comicios autonómicos o nacionales, aunque los procesos sean simultáneos.

El compromiso de los alcaldes y concejales con sus conciudadanos no se ha supeditado a los posicionamientos políticos partidistas, porque la política local debe ser la más cercana a la necesidad tangible del vecino, que vive puerta con puerta con sus representantes municipales.

Sin embargo, esta verdad, compartida durante los últimos cuarenta años de ayuntamientos democráticos españoles, ha sido cercenada infamemente por el PSOE.

Las manifestaciones del Secretario de Política Municipal de la FSA, Iván Fernández, en su artículo publicado en el día de ayer en LA NUEVA ESPAÑA, intentan justificar el mayor atentado contra la autonomía municipal de la democracia española, mezclando verdades a medias, mentiras manifiestas y felonías rampantes, como la de acusar al PP de maniobrar para que España no recibiese los fondos europeos para la reconstrucción.

En definitiva, el Sr. Fernández pretende crear un relato con el que ocultar la realidad de los hechos, que no es otra que el expolio de los 15.000 millones de los remanentes municipales por parte del Gobierno de Pedro Sánchez para gastarlos a su antojo. Obvia, conscientemente, el Sr. Fernández que el 22 de mayo de este año, la Junta de Gobierno de la FEMP aprobó, por unanimidad, que se liberase el uso de los remanentes para se pudiese gastar de forma libre en función de las necesidades de cada municipio.

Desde la más absoluta deslealtad, el Presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero, con alevosía y "agosticidad", acordó con el Ministerio de Hacienda la expropiación de los remanentes municipales, de espaldas a los 8.131 ayuntamientos españoles, haciendo saltar por los aires el histórico consenso del municipalismo español y, seguramente, hiriendo gravemente a la propia Federación Española de Municipios y Provincias.

El Real Decreto, aprobado por el Gobierno PSOE-Podemos, es un documento lleno de trampas y extorsiones, para que los ayuntamientos, "de forma voluntaria" entreguen sus ahorros.

Si no se aportan los remanentes, no se participa en el fondo de 275 millones para compensar los déficit en el transporte público urbano o no se reciben fondos adicionales para luchar contra la crisis originada por el covid-19.

Los 5.000 millones de transferencias que percibirían los Ayuntamientos que aporten sus remanentes están condicionados a que el Gobierno consiga los 15.000 millones de recursos municipales.

De esa cuantía, los ayuntamientos tienen que comprometer gasto por el 40% (2.000 millones de) en el 2020. Si tenemos en cuenta que estos recursos llegarán, como pronto, en el mes de octubre, cualquiera que conozca los procedimientos administrativos sabe que la capacidad de gasto en este año será ninguna. El secretario de política municipal de la FSA no puede engañar a los asturianos afirmando que el Gobierno va a permitir que se utilicen 20.000 millones. No está establecido en el Real Decreto cómo se van a reintegrar los remanentes, ni cómo podrán disponer de ellos los ayuntamientos. La única certeza es que el plazo de reintegro es, nada menos, que de 17 años.

Las entregas a cuenta de los impuestos estatales del 2018 ya son de los ayuntamientos, por la prórroga presupuestaria, el Gobierno de Sánchez no está regalando nada.

Por último, los 5.000 millones de transferencias no son para recuperar el empleo, ni para ayudar a los autónomos, ni para limpiar los colegios o reparar los caminos rurales. Deben gastarse en políticas de competencia estatal. Es decir, el Gobierno pretende ahorrárselos y que los paguen los municipios, con esa máxima socialista de "yo legislo y tú pagas".

No se puede calificar como "buen acuerdo" una imposición que todos los partidos de España, excepto los socialistas, han calificado como inaceptable y bochornoso.

Lamentablemente, el PSOE de hoy se parece muy poco a ese partido con visión de Estado, de los Felipe González, Tini Areces o Antonio Masip. Hoy la mediocridad, la deslealtad institucional y la vileza impregnan a sus dirigentes.

En el Partido Popular pelearemos para que, en el trámite parlamentario, se rechace el Real Decreto confiscador, no solo porque es lo mejor para los ayuntamientos, sino, y sobre todo, porque es lo mejor para nuestros vecinos.

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