El PP de Castrillón confía en mantener el apoyo de Vox

El gobierno municipal del Partido Popular en Castrillón mantendrá a Vox como su "socio preferente" para lo que resta de mandato, a pesar del reciente cruce de acusaciones desencadenado tras la aprobación de una modificación presupuestaria de 1,8 millones de euros, que permitirá, entre otras actuaciones, comenzar las obras de reparación del Valey. Vox había calificado de "improvisación propagandística" y maniobra de "precampaña electoral" el pacto entre los populares y el PSOE y se abstuvo en la votación de esta medida. Pese a ello, el ejecutivo local defiende la necesidad de haber aceptado el voto favorable de la oposición socialista para desbloquear de forma urgente un edificio clave para la localidad.

La postura de la alcaldía busca rebajar la tensión con sus aliados habituales sin renunciar al crédito de las inversiones aprobadas. Desde el gobierno municipal subrayan que la partida destinada al edificio del Valey "en absoluto es propaganda, sino una previsión presupuestaria basada en las actuaciones necesarias y sus costes", respaldada por el informe técnico completo solicitado por el Ayuntamiento. Según sostiene el equipo de gobierno, la actuación responde a una demanda compartida por toda la corporación, incluido el propio grupo de Vox.

Frente a las acusaciones de incumplimiento de los acuerdos de investidura o legislatura, el PP defiende la trayectoria compartida durante estos tres años y alega que existen "múltiples ejemplos en los presupuestos y en las medidas tomadas" que demuestran su fidelidad a los pactos. En este sentido, la junta de gobierno recuerda que ya se ha aprobado la implantación del "cheque bebé" propuesto por la formación saliente y que actualmente se trabaja en la normativa para hacer compatible esta ayuda con otros subsidios públicos.

Asimismo, los populares destacan que las cuentas municipales del próximo ejercicio ya integran nuevas demandas de su socio prioritario. El ejecutivo local trabaja en la actualidad en el borrador de las ordenanzas fiscales que se llevarán a aprobación el próximo mes de septiembre, un texto que incluirá medidas sugeridas por Vox como la rebaja del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y diversas acciones de congelación o contención fiscal.

Respecto a otras iniciativas planteadas por la formación de derecha, como la reforma de la ordenanza de terrazas, el equipo de gobierno aboga por actuar con prudencia y dialogar antes con el sector hostelero. La propuesta del PP pasa por integrar esta regulación dentro de una norma marco más amplia de convivencia ciudadana, recordando que la gestión municipal requiere tiempos de elaboración técnica y que "todas las cosas no se pueden hacer en el plazo que quisiéramos". El gobierno de los populares concluyó reafirmando la voluntad del Ejecutivo de avanzar en la mejora de la calidad de vida de los vecinos mediante la intensificación de las inversiones públicas combinada con la congelación de precios y la bajada de impuestos.

Las críticas de Vox: sin proyectos claros y partidas "paquete"

En su comunicado, la formación verde sostuvo que la partida destinada al Valey carece de las garantías técnicas necesarias para su ejecución inmediata y acusó al gobierno municipal de negociar con el PSOE "in extremis, con nocturnidad y alevosía". Según Vox, la inversión apenas está justificada sobre un diagnóstico de deficiencias elaborado por un estudio de arquitectura, pero no dispone de los "preceptivos informes, proyectos y presupuestos", por lo que consideró "prácticamente imposible que las obras sean acometidas en 2026". El grupo criticó además la "extraña alianza" con los socialistas, señalando la contradicción que supone que el PSOE apoye ahora este expediente tras haber rechazado las anteriores modificaciones alegando mala gestión del PP y acusando al equipo de gobierno de dejarse caer en brazos de la derecha radical. Asimismo, Vox reprochó la inclusión dentro del expediente de un "vulgar e intencionado paquete" con 250.000 euros para servicios sociales, una partida que, según denunciaron, no respondía a nuevas necesidades sino a "obligaciones adquiridas y no pagadas" del ejercicio anterior por una mala planificación presupuestaria.