Francisco L. JIMÉNEZ
La instrucción de la querella presentada por el colectivo Nunca Mais contra la sociedad clasificadora del buque «Prestige», una iniciativa legal a la que se adhirieron novecientos pescadores y diecisiete cofradías asturianas, está «abocada al fracaso», según el duro informe que ha elaborado la Fiscalía. El representante de la acusación pública carga en su escrito contra la juez de Corcubión (La Coruña) y le reprocha, según publicaba ayer el diario «El País», haber admitido a trámite una demanda que «no cabe en el ordenamiento jurídico».
Este posicionamiento del ministerio fiscal arroja dudas sobre el procedimiento que ha de seguirse ahora al respecto de la querella de Nunca Mais -pescadores asturianos incluidos- y complica aún más el juicio que debe dirimir las responsabilidades e indemnizaciones derivadas del hundimiento del «Prestige», un caso que ya acumula cinco años de instrucción, sólo en la pieza civil.
La participación asturiana en la querella de Nunca Mais -en realidad una ampliación de otra demanda previa- fue una de las últimas decisiones del abogado vigués Alberto Muñoz, el defensor de los intereses del colectivo pesquero asturiano (a excepción de la Cofradía de Avilés, que se desmarcó desde un primer momento de la iniciativa). No obstante, el trabajo de este letrado no está exento de polémica, pues ha sido desautorizado verbalmente en reiteradas ocasiones por responsables pesqueros asturianos que, sin embargo, no le han retirado los poderes conferidos cuando fue contratado hace cuatro años.
Con independencia de las relaciones entre el abogado y los pescadores, lo cierto es que las cofradías asturianas y sus socios están obligadas a seguir personadas en la causa penal del «Prestige» porque así lo estipuló la dirección general de Pesca del Principado cuando el verano pasado adelantó buena parte del importe de las indemnizaciones que esperan cobrar los afectados por las manchas de galipote que llegaron a la costa asturiana.
Entre otros contenidos de la querella que la Fiscalía no ve claros se halla el hecho de que se dirija contra una sociedad -la empresa estadounidense American Bureau of Shipping (ABS), responsable en su momento de las revisiones técnicas practicadas al «Prestige»-, lo que presuntamente contraviene el ordenamiento jurídico español, que impide imputar delitos penales a personas jurídicas.
Asimismo, el fiscal advierte de que la cuestión (discernir la responsabilidad de ABS) «se torna de una complejidad irresoluble a la hora de llevarla a la práctica», por lo que teme que lejos de «simplificar», la admisión de la querella de NuncaMais «aboca al fracaso la ya procelosa instrucción».
Mientras, el Estado ha hecho cuentas para acabar concluyendo que los daños reclamables por la catástrofe ambiental del «Prestige» ascienden a un total de 938 millones de euros.
