Amaya P. GIÓN
El atasco que sufre el Juzgado de lo penal de Avilés en las ejecutorias (sentencias firmes pendientes de hacerse efectivas) continúa provocando que la sala sea la que mayor carga de trabajo soporta de la región. Funcionarios de la sala denunciaron recientemente, y una vez más, que «el Juzgado no da abasto» y los sindicatos de Justicia también hacen lo propio y demandan una nueva sala para materias penales para los juzgados de Marcos del Torniello.
Y es que el Juzgado de lo penal de Avilés es, desde hace años, la sala más saturada de Asturias en ejecución de las sentencias. El sindicato CSI-CSIF ya exigió en su momento la creación de una segunda Sala Penal en Avilés, ya que la única existente ve doblada su carga de trabajo año a año. En 2006 incoó 1.135 ejecutorias, resolvió 946 y quedaron pendientes 1.325, dictó 548 fallos y 90 autos, destaca la central.
En 2007 continuó la misma tendencia, como ya informó este periódico. El Juzgado de lo penal avilesino acumula 1.400 sentencias firmes, en tramitación y pendientes de ejecución, y triplica el módulo que establece el Consejo General del Poder Judicial para los penales (450 sentencias que una vez firmes pasan a ser ejecutorias). En 2007 emitió 545 sentencias que, una vez firmes, se convirtieron en ejecutorias. A éstas hay que sumar otras 271 más que recalaron en la sala procedentes de los juzgados de instrucción.
El secretario del Juzgado de lo penal de Avilés, José Manuel Avello, criticó recientemente que «el sistema está obsoleto y los juzgados no dan abasto». «Y no será por el trabajo y el esfuerzo de los funcionarios. Lo que hace falta es un sistema organizado, administrativo y moderno», apostilló el funcionario.
El trabajo de un Juzgado no concluye con la emisión de una sentencia por parte de un juez. Una vez que un fallo es firme se procede a la apertura de la ejecutoria, un procedimiento en el que se notifica su apertura y, previa localización, se requiere a los condenados para el cumplimiento del fallo (ingreso en prisión para cumplimiento de una pena privativa de libertad, entrega de carné, pago de multa o de indemnizaciones, averiguación de bienes, declaración de insolvencia si no los tuviera).
Una vez cumplida la pena, se archiva provisionalmente a la espera de la remisión definitiva de ésta (seis meses, uno, dos, tres o más años). Tal y como explica la central CSI-CSIF, «el procedimiento es complejo, requiere un trabajo minucioso y un seguimiento constante». Ese trabajo se multiplica por 1.400 ejecutorias en el Penal de Avilés.
Las consecuencias de estos atascos pueden ser nefastas. «Hace tiempo que lo proclaman las estadísticas judiciales, pero han sido casos como el del pederasta condenado y la falta de ejecución de la sentencia en Andalucía los que han sacado a la luz pública la saturación de muchos órganos judiciales penales en la ejecución de sentencias», puntualiza un comunicado del sindicato.
