La supresión de la tarifa eléctrica bonificada grava a Arcelor, Azsa y Alcoa con 190 millones

Tres de las grandes compañías industriales de Asturias, las tres radicadas en la comarca avilesina, -Arcelor, Azsa y Alcoa- tendrán que asumir a partir de 2009 un sobrecoste de 190 millones de euros en sus recibos de energía eléctrica como consecuencia de la prevista supresión de la tarifa bonificada G4 por prescripción de Bruselas. De ese modo, y si es que no se logra antes un acuerdo con el Ministerio de Industria o las empresas suministradoras, la factura eléctrica de las fábricas locales de acero, cinc y aluminio se disparará de los aproximadamente 155 millones de euros anuales que pagan en la actualidad a más de 340 millones, más del doble. En el caso de Arcelor y Azsa, los costes energéticos crecerían más de 70 millones, respectivamente; para Alcoa el alza estimada roza los 50 millones de euros.

Este inédito y más que considerable aumento del «recibo de la luz» en un 125 por ciento, según los primeros cálculos de las empresas, es lo que trae de cabeza a directivos que, como Santiago Zaldumbide, presidente de Azsa, ya han advertido en público y privado de graves daños en la competitividad de las empresas afectadas por la desaparición de la G4. Las consecuencias del encarecimiento de la electricidad, según temen en las empresas, son imprevisibles. «Nada es descartable, ni siquiera el traslado de la fábrica a otro país donde la electricidad sea más barata», llegó a decir en tono grave Zaldumbide.

En medios sindicales, si bien se confía en que el Gobierno de Zapatero y las industrias pacten en lo que queda de año medidas para suavizar el «tarifazo», late cierta incertidumbre y, por si acaso, se subraya que los más de 7.000 empleos directos que dependen de las empresas son «intocables». La Federación del Metal de UGT y el sindicato independiente SITAZ están volcados en una campaña de sensibilización de autoridades locales y colectivos diversos a los que piden que expresen su malestar a la Administración central.

También las secciones sindicales de las industrias afectadas están en situación de alerta. «Si bien tenemos confianza en que las negociaciones que mantienen las empresas con la Administración estatal lleguen a buen puerto, el problema es delicado porque el tipo de actividades que realizan Alcoa, Azsa y Arcelor son extremadamente sensibles al precio de la electricidad», explica Damián Manzano, responsable de CC OO en la aluminera Alcoa.

José María Olmedo, secretario comarcal de la Federación Metalúrgica de UGT, destaca la necesidad de que en los meses venideros se avance en la búsqueda de medidas que minimicen el impacto de la supresión de la tarifa G4: «De lo contrario, las empresas quedarán en jaque», afirma el sindicalista. El mismo Olmedo repara en la singularidad de que, siendo sólo cinco las empresas que todavía disfrutan en España de tarifa eléctrica bonificada G4, tres de ellas se localizan en el mismo territorio. «Avilés se llevará todo el golpe de este ajuste energético si no se adoptan medidas correctoras», señala el dirigente ugetista.

Por el momento, que haya trascendido, el Gobierno sólo considera una posible medida paliativa del encarecimiento previsto de la electricidad para las grandes empresas beneficiarias hasta la fecha de la tarifa G4. Se trata de un plan para aumentar los períodos de interrumpibilidad del suministro; esto es, incentivar el hecho de que las empresas se «desconecten» de la red en momentos de gran consumo doméstico (las habituales puntas de demanda energética en verano e invierno), de modo que las compañías eléctricas no se vean obligadas a aumentar sus producciones en esos «picos» con medidas excepcionales habitualmente costosas y, además, dañinas en términos ambientales. La eficacia de esta solución, que ya explicaron responsables de Industria a sindicalistas de Azsa, es una incógnita y, en todo caso, desde las empresas se presume insuficiente.

La supresión de la tarifa eléctrica G4 es una de las medidas del plan gubernamental diseñado para favorecer la competitividad del sector eléctrico, hacer efectiva la liberalización del mismo, homogeneizar las tarifas eléctricas con el resto de Europa y acabar con el déficit estructural que obliga al Estado a desembolsar anualmente entre 3.000 y 3.500 millones de euros para cubrir el desfase entre los costes previstos de producción y los reales. El planteamiento es simple: subir el precio de la electricidad para que sean los consumidores quienes enjuaguen la diferencia. Por esa misma razón es por la que el recibo doméstico de la luz subirá también a partir del 1 de julio, en su caso del orden del 11,9 por ciento, según la última recomendación de la Comisión Nacional de la Energía.