E. CAMPO

«Monumental chapuza». Con estas palabras se refirió ayer el portavoz del PP, Constantino Álvarez, a la política de personal del Ayuntamiento, y afirmó que esta acusación tiene pruebas sólidas, como la multiplicidad de frentes judiciales abiertos, el último relacionado con la subrogación de 22 trabajadores de la Fundación de Deportes. Álvarez avisó de que el conjunto de los problemas del área de personal «pone los pelos de punta» y dijo que el PP mira con preocupación este legado, en el caso de que alcance el próximo año la Alcaldía de Avilés. Además afirmó que, de prosperar todas las demandas, supondrán «un quebranto» para el Ayuntamiento, que podría tener que asumir importantes sumas en concepto de indemnizaciones.

Constantino Álvarez inició su recapitulación de problemas con una sentencia que condena al Ayuntamiento por el concurso de cabos de la Policía Local. Y continuó con el frente abierto por los planes de empleo, en el que la Administración local se enfrenta a más de 70 demandas de trabajadores que, de ganar el juicio, pueden optar entre recibir una indemnización o ser contratados por el Ayuntamiento. A renglón seguido, el portavoz del PP se refirió al «incremento de la temporalidad, que supone una precariedad del empleo, y que en el Ayuntamiento de Avilés supera el 30%, según fuentes sindicales». Y aseguró que no puede permitirse que haya trabajadores que lleven ocupando más de diez años una plaza sin que ésta haya salido aún a concurso. «Eso deja en evidencia la nefasta política de personal».

En lo que se refiere a la subrogación de una veintena de trabajadores de la Fundación de Deportes, que un juez considera ahora ilegal, el PP considera que se trata de «una tremenda bofetada al concejal de Deportes, Román Antonio Álvarez, que hizo la propuesta; al concejal de Personal, Teófilo Rodríguez, que lo ratificó; y a la Alcaldesa, Pilar Varela, que no puede seguir mirando para otro lado». En opinión de Constantino Álvarez, el Ayuntamiento tendría que haber vuelto a contratar el servicio obligando a la nueva empresa a subrogar a esos trabajadores. «El Ayuntamiento debe ahora una disculpa y una solución para esos trabajadores a la vista de la manifiesta ilegalidad», concluyó el portavoz de los populares.