Piedras Blancas,

Inés MONTES

La empresa Aquagest, que junto con Aqualia optaba a la adjudicación del servicio de agua de Castrillón en 2006, sostiene que «sería ilógico que el Ayuntamiento de Castrillón recayera en el mismo error que cometió en 2006 y volviese a adjudicar el contrato a la empresa que ya entonces favorecía menos los intereses de los ciudadanos».

Aquagest, emitió ayer un comunicado en el que afirma que «sería difícilmente comprensible por la ciudadanía que la oposición municipal (PP), que en su día adoptó una decisión tan controvertida y que ha sido anulada por los tribunales, contase ahora con el apoyo de los partidos (PSOE e IU) que en su día votaron en contra o se abstuvieron de participar, para volver a cometer el mismo error». Aquagest tiene el 74 por ciento de la empresa mixta de aguas del Ayuntamiento de Avilés que está operativa desde enero de este año.

La constitución de una empresa mixta en Avilés, también generó polémica, como sucedió hace cuatro años en Castrillón cuando el entonces gobierno local del PP aprobó la privatización del agua. En Avilés donde el PSOE gobierna con IU, la coalición rechazó el nuevo modelo de gestión propuesto por los socialistas que tuvieron el apoyo del resto de los grupos municipales: PP, ASIA y No Adscritos.

«La labor del Ayuntamiento de Castrillón no va a ser nada fácil, sobre todo teniendo en cuenta que hay encima de la mesa unas ofertas presentadas en 2006 que no se corresponden para nada con la realidad de 2010. La valoración de las ofertas presentadas en 2006 no puede hacerse sin tener en cuenta que la realidad ha cambiado, por lo que cabe la posibilidad de que ninguna de ellas pueda ser admitida lo que dejaría el concurso desierto», dice la empresa.

Aquagest recurrió también la adjudicación del agua en Castrillón alegando, entre otras cosas, que Aqualia había participado en la elaboración de las bases del concurso. Aqualia contaba con el informe favorable de Rocar Ingenieros,. Ese informe fue el causante de la anulación por el juez de la adjudicación porque el PP lo entregó a los concejales de la oposición minutos antes del inicio del Pleno del 6 de octubre de 2006, cuando, según la sentencia debería haberlo hecho en el momento de la convocatoria de la sesión plenaria, es decir 48 horas antes de su inicio.