S. FERNÁNDEZ
El Ayuntamiento de Avilés es una de las «empresas» más importantes de la comarca: emplea de forma directa a medio millar de personas y, a través de las distintas acciones formativas, a otras quinientas más. En los últimos meses, la política de personal que está llevando el Gobierno local está en la picota: primero, por una avalancha de demandas de afectados por unos planes de empleo, en opinión de los sindicatos, «mal gestionados» y, segundo, por unos contratos temporales que terminan siendo indefinidos.
El concejal de Personal, Teófilo Rodríguez, defiende la gestión del Ayuntamiento diciendo que «la intención de los planes de empleo a los que opta el Ayuntamiento es permitir que las personas beneficiadas adquieran experiencia laboral; esa es la obra y servicio». Este criterio es el que sigue el juzgado de lo social de Avilés, sin embargo, cuando las demandas se trasladan a una instancia superior el Ayuntamiento pierde la razón. El TSJA ha fallado en una ocasión contra el Ayuntamiento diciendo que una trabajadora de los planes de empleo debe ser contratada por una obra y un servicio claramente indicado, es decir, no vale el argumento de que la obra y el servicio es adquirir formación. Lo singular en el Ayuntamiento de Avilés es que existe una cláusula en el convenio municipal que dice que, ante un despido improcedente, es el trabajador el que elige si quiere volver a su puesto de trabajo o, acaso, prefiere la indemnzación. En este sentido, el Ayuntamiento readmitió la pasada semana a una demandante -tras seis meses de demora- y la despidió a las 7 horas, circunstancia que hoy mismo denunciará la Unión de Sindicatos del Principado de Asturias (USIPA) por considera «una readmisión fraudulenta».
Los frentes abiertos son más amplios: los monitores y los directores de las Escuelas Taller, el examen de los subinspectores echado para atrás y, ahora, la subrogación de los empleados de Deportes.
