13 de mayo de 2010
13.05.2010
Dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública
 

Afronta 4 años y el pago de 5,7 millones acusado de defraudar el IVA en 2005 y 2006

La fiscalía considera que J. B. H. G. ocultó al Estado cantidades millonarias relacionadas con la compraventa de vehículos

13.05.2010 | 02:00

A. P. G.

Un hombre cuya identidad responde a las iniciales J. B. H. G. se enfrenta la próxima semana a una pena de cuatro años de cárcel y al pago de unos 5,7 millones (más de 900 millones de las antiguas pesetas) acusado de no pagar el impuesto de valor añadido (IVA) durante los años 2005 y 2006. La fiscalía imputa al acusado dos delitos contra la Hacienda Pública relacionados con el mercado del motor. El juicio está señalado para el próximo lunes en el Juzgado de lo penal número 2.


El imputado, de 36 años, se dedicaba a la compraventa menor de vehículos y estaba dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), según la versión del ministerio público. «En el ejercicio de esta actividad económica, durante los años 2005 y 2006 y guiado por un ánimo de defraudar a la Hacienda Pública, eludió el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido, faltando de modo consciente y voluntario a sus obligaciones fiscales», recoge el escrito de acusación de la fiscalía.


Siempre según la misma versión, J. B. H. G. defraudó un total de 603.522 euros durante el ejercicio económico de 2005 y 215.387 en el de 2006. Así, se quedó presuntamente un total de 818.909 euros durante dos años gracias a no abonar el IVA en el marco de su actividad profesional.


La fiscalía considera que el imputado incurrió en dos delitos contra la Hacienda Pública. Por el primero pedirá inicialmente para J. B. H. G. dos años de cárcel y el pago de una multa que sextuplica la cuantía defraudada, es decir, un total de 3.621.136 euros. Por el segundo delito solicita otros dos años de prisión y multa de 1.292.322 euros. Además, el ministerio público pretende que el acusado pierda la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas así como el derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante cuatro años. Y tendrá que indemnizar a la Hacienda Pública Estatal en la cantidad de 818.909 euros en concepto de responsabilidad civil.


Según la calificación de la fiscalía, el imputado no cuenta con antecedentes penales si bien no es el primer delito que se le imputa. El ministerio público también lo responsabilizó de un delito de estafa cometido en 2007. En esa ocasión, siempre según la misma versión, vendió a un hombre un Audi A4 con matrícula alemana que J. B. H. G. había importado a través de una empresa pantalla. «El acusado vendió dicho vehículo al denunciante a pesar de que sabía que la documentación del mismo estaba retenida por la Jefatura de Tráfico de Salamanca debido a deudas con la Agencia Tributaria, es decir, que sabía que resultaría imposible su matriculación en España», según la fiscalía.

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