Nubledo, Illán GARCÍA

El alcalde, Luis Belarmino Moro, en nombre del Ayuntamiento, ha presentado una querella criminal contra el ex alcalde y actual director de Patrimonio, José Luis Vega, el edil socialista Rafael Alonso García (ambos ex presidente y ex consejero de Sogetesa, respectivamente) y dos apoderados de la empresa Risco Alto, además del secretario municipal, Ramón Menéndez Chaves, como responsables de presuntos delitos de prevaricación, fraude, estafa y falsedad en documento público.

Los hechos denunciados se remontan a 2008, cuando Vega era regidor del concejo. Según Moro, Sogetesa (sociedad mixta para la gestión del suelo de Corvera), entonces presidida por Vega, pagó 220.000 euros a la empresa Risco Alto para poder culminar la red de saneamiento de varios chalés en la cuesta de Los Campos hasta su entronque con la red general. Esto surgió, siempre según la querella, para solucionar un problema surgido en el lugar donde estaba previsto realizar la conexión -una pequeña parte del terreno era de propiedad privada y sus dueños se opusierton a venderlo-. Entonces, Sogetesa y Risco Alto llegaron a un acuerdo para constituir una servidumbre de paso para el colector por parcelas que pertenecían a la promotora. Ocho días después de aquel 2 de enero, Vega y la empresa firman una permuta de terrenos. Según la querella, el Ayuntamiento adquiere a Risco Alto el terreno por el que discurre la servidumbre y, a su vez, entrega una parcela de titularidad pública de 143 metros cuadrados a la promotora.

Ante esto, el querellante se pregunta el por qué de constituir una servidumbre de paso si en pocos días se iba a adquirir el suelo por el que discurre. En la querella criminal, el Ayuntamiento considera que existe un cúmulo de ilegalidades mediante las que presuntamente se defraudaron 220.000 euros a Sogetesa y por tanto al Ayuntamiento. Entre las supuestas ilegalidades se citan el cambio de la calificación urbanística de terrenos sin la modificación del plan parcial, entre otras. Según la querella, otra grave «irregularidad» es el hecho de comunicar al Principado que el terreno estaba desafectado cuando «no lo estaba». Es decir, según el querellante se mintió a la administración autonómica y para ello fue necesaria la colaboración del secretario municipal, Ramón Menéndez Chaves.