V. M. / E. C.

Una carta firmada por Ogensa, y que consta en el expediente municipal del contrato, fue la que reveló las presiones al gobierno por parte de la empresa para implantar la ORA, eliminar plazas de aparcamiento en superficie y poner más multas, con el fin de mejorar las cuentas. En dicha carta, remitida a la alcaldesa, Pilar Varela, y desvelada por LA NUEVA ESPAÑA, se hace referencia a «conversaciones con el anterior gobierno» y «reiterados contactos» con el actual con el fin de adoptar medidas para mejorar las cifras.

Sin embargo, el gobierno negó haber tomado en consideración estas peticiones, que el compromiso con la zona azul venía de antiguo y que en ningún caso se dio orden de endurecer las medidas de disciplina viaria para beneficiar a Ogensa. Y rechazó que la compra de plazas en el aparcamiento tuviera el objetivo de sanear las cuentas de la empresa gestora.

La compra de las plazas no la realizó directamente el Ayuntamiento, sino que fue a través de la sociedad pública Ruasa, que se comprometió a pagar 1,8 millones por las 75 plazas, aunque sumando los intereses por el crédito la cifra se elevó a los 3,2 millones. Ruasa es también ahora una de las opciones que se plantea el gobierno para que asuma la deuda y la gestión del aparcamiento.

El concejal de Tráfico, Luis Ramón Huerga, rechazó en su día que Ogensa pueda esgrimir los malos resultados del aparcamiento para pedir que se cumpla la garantía de equilibrio económico. «A nadie se le puede ocurrir plantear eso cuando la concesión es por 50 o 60 años, según las plazas, y apenas han pasado dos años desde la adjudicación», aseguró entonces.