F. L. J.

En opinión del gerente de la sociedad Nueva Rula de Avilés, Ramón Álvarez, los problemas que afectan a la pesquería de la merluza se manifiestan ahora con toda la crudeza, pero vienen de tiempo atrás. Como mínimo, de cuando España negoció su entrada en la Unión Europea y aceptó un modelo de reparto de las cuotas pesqueras que «no vale» para la costa cantábrica. «El modelo en que se basa el total admisible de capturas (TAC) de la política pesquera comunitaria está basado en la práctica de los países nórdicos, cuyas peculiaridades, como es comprensible, son bien diferentes de las nuestras. Ya que en su día se aceptó ese modelo, debería de haberse adecuado la estructura del sector pesquero español a la normativa comunitaria, pero no se hizo nada al respecto en los últimos veinte años y ahora pagamos las consecuencias», declaró ayer Álvarez.

Ejemplo del «sinsentido» de los TAC comunitarios es que el cupo de merluza para las aguas litorales del noroeste peninsular sea global; es decir, comprende a las distintas comunidades autónomas, no hace distingos entre artes y mucho menos entre el tonelaje de los barcos. De este modo, puede darse el caso de que la pesca intensiva de merluza en una comunidad agote el cupo sin que los pescadores de otras regiones hayan pescado siquiera un kilo o que la flota de un arte concreto extreme el esfuerzo pesquero y los pescadores de «pincho», como es el caso, resulten damnificados pese a que sus capturas suponen una parte mínima del cupo global.

Ramón Álvarez opina que si durante los últimos años no hubo problema con la cuota fue «porque Bruselas miraba para otro lado o, cuando menos, no ejercía tanto control como ahora sobre el cumplimiento de los cupos». Ha bastado que las autoridades pesqueras comunitarias centraran su foco en la pesquería de la merluza para sembrar el desconcierto en el sector, acostumbrado a pescar sin cortapisas. Ahora «viene el lobo», como dice Ramón Álvarez, «y los deberes están pendientes de hacer».