El Ministerio de Hacienda ha decidido investigar a más de ciento cincuenta ayuntamientos, cuyas actuaciones urbanísticas y cuyas irregularidades administrativas son gravemente sospechosas de corrupción.
Si siempre el abuso y el mal uso del dinero público son recusables y condenables, lo son aún mucho más cuando quien comete un delito de éste tipo es un ayuntamiento, pues la razón de ser esencial del ayuntamiento es la defensa de los derechos y de las franquicias de sus ciudadanos, ya frente al propio Estado, ya frente a los particulares que intenten abusar de posiciones de privilegio.
Las propias palabras Ayuntamiento y Concejo, provienen de "ajuntamiento y consejo"; es decir, la junta de vecinos que reunidos en consejo defienden sus intereses legítimos y eligen precisamente a quienes los han de defender y de representar, lo que quiere decir que el Ayuntamiento es la entidad más cercana al ciudadano y, por lo mismo, la más entrañable de todas las instituciones políticas, y así ha sido desde los más lejanos tiempos.
Por eso cuando un Ayuntamiento comete prevaricación y defrauda los intereses de los vecinos, para cuya defensa y protección ha nacido, su acción es moralmente mucho más reprobable y condenable y, en consecuencia, el peso de la ley debe de hacerse notar de manera inexorable y ejemplar sobre algo que, no solamente es un delito, sino que, en rigor, puede ser calificado de traición al pueblo.
Y dicho esto, los avilesinos podemos felicitarnos porque, discusiones ideológicas a parte, nuestro Ayuntamiento no está en esa horrible lista del Ministerio de Hacienda, porque mantiene una línea moral intachable y con mejor o peor fortuna en las decisiones políticas y administrativas, nadie podrá tildar de mala fe a la Corporación de Avilés en el desempeño de su misión.
