Francisco L. JIMÉNEZ

El estudio de impacto ambiental del proyecto para construir una carretera que circunvale Avilés por el norte, entre los muelles de Raíces y Vegarrozadas, sólo ha merecido la consideración de cinco de los veinte organismos y administraciones consultadas como parte del trámite. Los informes que llegaron a la Consejería de Medio Ambiente corresponden a los emitidos por el Ayuntamiento de Castrillón, la Demarcación de Costas en Asturias, la dirección general de Biodiversidad y Paisaje, la dirección general de Patrimonio Cultural y la Coordinadora Ecologista de Asturias; también presentó informe, pese a no haber sido requerido en ese sentido, el grupo ornitológico Mavea. Entre los organismos que prefirieron guardar silencio figuran los Ayuntamientos de Avilés y Gozón, la Confederación Hidrográfica, la Demarcación Carreteras del Estado en Asturias, el servicio de Puertos e Infraestructuras de Transporte y así hasta quince.

El dictamen más claro es el del Ayuntamiento de Castrillón, que rechaza los trazados propuestos por su término municipal. El resto de informes inciden en la conveniencia de aumentar la exhaustividad con la que se aborda el impacto ambiental de la carretera proyectada. Un portavoz del Colectivo Ecologista de Avilés censuró ayer el «pasotismo» de las administraciones que no aportaron informes al estudio de impacto ambiental: «Este hecho da idea de lo poco que les importa la preservación del medio».

La Consejería de Medio Ambiente resolvió, a la vista de estos informes, establecer ocho medidas para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales de la obra. Se trata de disposiciones habituales en estos casos como el compromiso de alteración mínima de los factores del medio, el diseño de un programa de vigilancia ambiental o la modelización del mapa sonoro de la futura vía.

Se da la circunstancia de que el firmante de la resolución, Francisco González Buendía, es a la vez consejero de Medio Ambiente y de Infraestructuras, por lo que actúa como juez y parte: en su faceta de consejero de Infraestructuras promueve el proyecto; como máximo responsable regional de Medio Ambiente está obligado a velar por los recursos naturales afectados.