09 de junio de 2011
09.06.2011

Absuelto el avilesino al que Nintendo llevó a juicio por vender cartuchos de consola

El juez considera que la multinacional, que pedía 23 años de cárcel para Alejandro Fernández, se apoyó en hipótesis más que en pruebas

09.06.2011 | 02:00
Absuelto el avilesino al que Nintendo llevó a juicio por vender cartuchos de consola

Amaya P. GIÓN
El magistrado titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Avilés ha absuelto al avilesino Alejandro Fernández, administrador de la empresa Alechip Soluciones Informáticas, para el que la multinacional Nintendo pedía 23 años de cárcel y el pago de 840.000 euros por seis delitos relacionados con la venta de cartuchos que permiten ampliar las funciones de la consola DS y utilizar en ella copias de programas originales. El juez considera que la compañía nipona se apoyó en hipótesis más que en pruebas y echa abajo cada uno de los argumentos que plantearon los servicios jurídicos de Nintendo. El fallo no es firme y las acusaciones tienen diez días de plazo para recurrirlo.

La sentencia recoge como probado que la Aduana de Avilés intervino en abril de 2009 un total de 900 cartuchos procedentes de China y que tenían como destinataria la empresa de Alejandro Fernández, ubicada en la calle Doctor Jiménez Díaz. Añade que estos dispositivos son similares a los que comercializa en España Nintendo Ibérica para su consola DS aunque los cartuchos importados por el avilesino «no permiten, en las condiciones que fueron intervenidos, la utilización del aparato al no disponer de software (programa informático) alguno».

El juez José Luis Niño Romero, el primero que dicta en España una sentencia relacionada con la venta de estas tarjetas tras analizar el fondo del caso, considera que Nintendo no consiguió probar en el juicio que los cartuchos que importa Alejandro Fernández supriman los mecanismos de seguridad de la consola DS. Tampoco que dispongan del mismo programa de seguridad que el que utiliza la firma japonesa para la protección de sus productos registrados ni que el avilesino se hiciera con los códigos secretos de autentificación de la multinacional, los difundiera o hiciera públicos.

El magistrado dice que el perito que prestó declaración en el juicio como testigo se limitó a «afirmar como dogma de fe de obligada creencia la vulneración de las medidas de seguridad de la consola en cuestión, sin exposición y explicación técnica alguna». En lo que respecta a la imputación por los delitos contra la propiedad intelectual, el juez señala que aunque los cartuchos que vende Alejandro Fernández sólo se pueden utilizar en la consola DS, estos estaban desprovistos de software alguno, por lo que difícilmente se podía conseguir suprimir o neutralizar los dispositivos técnicos utilizados para proteger los juegos que comercializa Nintendo. Además, reconoce la multiplicidad de usos de estas tarjetas.

En cuanto a los delitos contra la propiedad industrial, la sentencia establece que «los cartuchos importados por el acusado no son idénticos a los registrados por la acusación particular» (la multinacional nipona), es más, «se observa una evidente diferencia entre ambos». El magistrado también absuelve a Alejandro Fernández de la imputación por un presunto delito de descubrimiento y relación de secretos. «Al desconocerse el contenido informático de los cartuchos importados por el acusado no puede saberse si albergan secretos o información reservada de la empresa» Nintendo.

Alejandro Fernández, ingeniero técnico de telecomunicaciones e ingeniero en electrónica, puso en marcha la empresa Alechip nada más concluir sus estudios en base a un proyecto de fin de carrera. El gigante del videojuego Nintendo lo sentó el pasado 3 de mayo el banquillo de los acusados del juzgado de lo Penal número 1 imputado por seis delitos por los que la multinacional solicitaba 23 años de cárcel: defraudación de la propiedad intelectual (12 años de prisión en total), defraudación de la propiedad industrial (8 años de cárcel) y revelación de secretos (tres años más). Además, reclamó el pago de 840.000 euros en concepto de indemnización por los cartuchos que el imputado vendió en su tienda. La Fiscalía, que solicitaba inicialmente tres años y medio, pidió finalmente para el avilesino una pena de un año y nueve meses por un delito contra la propiedad intelectual.

Alejandro Fernández, cuyos intereses representa el letrado Carlos Sánchez Almeida, insistió desde que trascendió el caso en que su negocio no era ilegal. «No he pirateado nada en mi vida», subrayó en reiteradas ocasiones. Los tribunales le han hado la razón.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
Lo último Lo más leído