A. P. GIÓN
La sentencia que absuelve al avilesino Alejandro Fernández es la primera que un juez dicta en España sobre la venta de cartuchos que permiten ampliar las funciones de la Nintendo DS tras analizar las pruebas presentadas en el juicio. Otros casos similares se sobreseyeron o bien se produjeron acuerdos entre las partes. Un juzgado de Palma emitió en octubre del año pasado la primera sentencia en España contra la importación de cartuchos de videojuegos, pero el fallo se redactó en base a un acuerdo de conformidad entre las partes. La multinacional pedía para los acusados una pena de 120.000 euros y seis meses de cárcel y estos aceptaron el pago de una multa de 4.000 euros y seis meses de cárcel para no afrontar el juicio. «Aceptamos la sentencia por miedo a Nintendo», reconocieron los imputados.
Precisamente el temor no caracteriza al avilesino Alejandro Fernández, según los que lo conocen. «Es un valiente por haber llegado hasta aquí. Si hubiese aceptado como ocurrió en el caso de Palma no estaríamos aquí», apuntó Carlos Sánchez Almeida, el letrado que defiende los intereses del avilesino que ha plantado cara a la multinacional que ideó al popular Mario Bross.
Almeida -que ha sido miembro de FrEE (Fronteras Electrónicas), organización orientada a la defensa de los derechos civiles en Internet- destaca que el magistrado del juzgado de lo Penal número 1 de Avilés confirma que Nintendo «no fue capaz de demostrar nada» en el juicio, si bien da por hecho que la multinacional recurrirá el fallo. «Esta compañía mantiene desde hace años una estrategia para intentar criminalizar tiendas por toda España, parándoles material en las aduanas, denunciándolas. Estoy convencido de que será la Audiencia Provincial de Asturias la que cierre el caso», señaló. Una abogada de los servicios jurídicos de la multinacional señaló que Nintendo «está estudiando la respuesta» a la sentencia.
