Nintendo

La multinacional pedía 23 años de cárcel para el avilesino por varios delitos, casi todos ellos continuados: defraudación de la propiedad intelectual (12 años de prisión en total), defraudación de la propiedad industrial (8 años de cárcel) y revelación de secretos (tres años más). Además, reclama el pago de 840.000 euros en concepto de indemnización por los cartuchos que el imputado vendió en su tienda (unos 1.400 dispositivos de M3 DS Real).

Fiscalía

La Fiscalía solicitaba inicialmente tres años y medio para Alejandro Fernández: un año y nueve meses por un presunto delito contra la propiedad industrial y la misma pena por otro contra la propiedad intelectual. En el juicio rebajó su petición de pena a un año y nueve meses de cárcel.

La defensa

Carlos Sánchez Almeida, solicitó la libre absolución de su cliente apelando al artículo 20 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a la producción científica y técnica. Todo ciudadano, defendió Almeida, tiene derecho a programar y el único «pecado» del imputado es comercializar un dispositivo que permite hacerlo.