Una de las cuestiones que más vértigo produce a la comunidad educativa son las continuas reformas legislativas que reordenan, comprimen, expanden o bifurcan los itinerarios formativos. Todo esto conlleva cambios organizativos, la reelaboración de programaciones, nuevos libros de textos, modificaciones y adaptaciones que, aunque implican trabajo y esfuerzo, además de dinero, no serían desdeñables si no fuera porque nuestro sistema educativo ya ha sufrido siete reformas desde el año 1970 con resultados bastante desastrosos.
Como consecuencia de las sucesivas reformas cada día nos enfrentamos a grupos heterogéneos y cada vez más numerosos en los que la pretendida atención a la diversidad del alumnado resulta muy compleja. Se trata de grupos con alumnos de Necesidades Educativas Especiales e inmigrantes de incorporación tardía al sistema educativo a los que hay que hacer adaptaciones curriculares individualizadas, extranjeros que no hablan correctamente el castellano, alumnos aventajados a los que deberíamos dar material de ampliación, alumnos que no llegan a los mínimos a los que hay que proporcionar actividades de refuerzo, alumnos que repiten y a los que hay que prestar especial atención para que logren los objetivos no alcanzados el curso pasado, etcétera. La dificultad para atender de forma individualizada a todos estos alumnos en el mismo espacio y tiempo se ve acentuada por los sucesivos recortes.
Por todo esto asisto a la propuesta de una nueva reforma con escepticismo. Además, el planteamiento inicial del ministro Wert resulta confuso; a falta de una mayor concreción entendemos que los alumnos llegarán a tercero y obtendrán el título de Graduado en ESO, pero serán obligados a permanecer un año más para realizar un curso que -si no desean continuar sus estudios- no les llevará a ninguna parte. La motivación entonces será nula, y se prevé que algunos se lo tomen como un año sabático con el consiguiente trastorno para compañeros y profesores. Además, durante años el Bachillerato ha sido indispensable no sólo para acceder a unos estudios universitarios, sino también para acceder a un ciclo formativo de grado superior. Con la nueva reforma se podría reducir drásticamente el número de alumnos que cursan Bachillerato (segundo y tercero, se entiende, puesto que primero será obligatorio), ya que no necesitarán realizarlo para estudiar FP. Tal vez tengan razón los que auguran una devaluación de la Formación Profesional, donde con toda probabilidad serán reconducidos aquellos alumnos cuyo rendimiento sea menor.
En realidad, todas las propuestas de mejora resultan loables si éstas tienen como objetivo optimizar la educación y no se formulan sólo para conferirle un sello personal y destruir lo planteado por un Gobierno anterior. En la práctica, todo se complica. Aunque la educación está vinculada a una época y a una sociedad determinadas y los cambios son necesarios en una sociedad que evoluciona, vivimos un panorama socioeconómico desalentador en el que va a resultar bastante complicado orientar al alumnado hacia alguna opción de futuro.
