Oviedo, J. A. O. / T. C.
La consejería de Fomento sospecha que detrás del empeño del gobierno avilesino (PSOE) por elegir el trazado de la ronda norte -por la cantera de Mota- para los accesos al puerto puede haber intereses urbanísticos. Así lo mantuvo ayer Juan Vega, viceconsejero de Infraestructuras, en Oviedo. «¿Se están buscando los mejores accesos para el puerto o hay algún interés en desarrollar esa zona de Avilés por determinados intereses urbanísticos?», se preguntó en voz alta Vega. «No entendemos muy bien lo que ocurre aquí», sentenció el viceconsejero, que no se extendió más sobre esos presuntos intereses, aunque en ningún momento escondió su malestar con el gobierno avilesino que preside la socialista Pilar Varela.
El responsable regional considera que la alternativa de la cantera de Mota es la más cara de las cuatro planteadas debido a que obligaría a la Administración autonómica a financiar el desdoblamiento de la Variante de Avilés. Según indicó el viceconsejero, el anterior presidente del Principado, el socialista Vicente Álvarez Areces, habría firmado un protocolo con el Ministerio de Fomento, en virtud del cual el Gobierno regional se comprometía a asumir la titularidad de la variante de Avilés en el caso de que se acometiese el acceso al puerto por la ronda Norte. Vega añadió que esta opción incrementaría notablemente el tránsito por la variante, que ya es de 25.000 coches al día, y que, en consecuencia, obligaría al Principado, ya como titular de la carretera, a sufragar su desdoblamiento. Se trata de una actuación que, según el viceconsejero, no solo supondría un gran desembolso económico, sino, también, unas «implicaciones urbanísticas» muy importantes. Así pues, para Vega, la alternativa preferida por el Ayuntamiento de Avilés resulta «mucho más costosa que cualquier otra», incluido el túnel bajo la ría por el que se decantan tanto la Autoridad Portuaria como el Ayuntamiento de Castrillón. Vega, además, acusó al gobierno avilesino de haber difundido un «informe propuesta» del Principado sobre el acceso al puerto «como si se tratara de una resolución» y sin respetar la «confidencialidad» que, según señaló, debe de presidir este tipo de procedimientos.
