La Isla de la Innovación se va a pique

Los consejeros de la Isla de la Innovación que representan al Ayuntamiento y a Sepides boicotearán la reunión urgente del patronato de la sociedad convocado para el viernes ya que aseguran que existen defectos de forma. Según los estatutos, los consejos extraordinarios tienen que convocarse con cinco días de antelación, y en este caso la carta se envió a los consejeros con sólo 48 horas. Además la remitió la directora general de Patrimonio, María Belén García, en lugar de la consejera de Fomento, Isabel Márquez. Por último, consideran estos miembros de la sociedad que habiendo una reunión programada para el martes de la próxima semana esta nueva convocatoria de urgencia, dos días antes de las elecciones, no tiene sentido. Por si fuera poco, los representantes convocados de Sepides son los del mandato anterior, es decir, los de la Administración socialista y no los del Gobierno de Mariano Rajoy.

«No entendemos ni la urgencia ni la oportunidad de convocar apresuradamente una nueva reunión del consejo para pasado mañana. No quiero pensar que las prisas del Gobierno del Principado tengan algo que ver con las elecciones del domingo», subrayó la Alcaldesa de Avilés, Pilar Varela, quien mostró su malestar por recibir primero promesa telefónica de la directora general de Patrimonio de que desconvocaría la reunión y después ver por la tarde que Fomento la seguía manteniendo.

La consejera de Fomento decidió convocar un consejo extraordinario a raíz del anuncio del consejo de Ministros de que el Estado (a través de Sepides) abandonaría la sociedad de la Isla de la Innovación, en el marco de un plan de recortes. La noticia sentó como un mazazo al resto de patronos, especialmente al Ayuntamiento avilesino, que aspira a aprobar en abril el plan especial de la nueva centralidad para el desarrollo de 572.000 metros cuadrados de suelo en torno a la ría. El punto central en el orden del día de la convocatoria es valorar este anuncio.

El viceconsejero de Infraestructuras, Juan Vega, echó ayer leña al fuego en el conflicto, y afirmó que la propietaria intelectual del proyecto original de la Isla de la Innovación es Sogepsa, y no la sociedad formada por Principado, Ayuntamiento, Sepides y Puerto de Avilés. «Sogepsa encargó el proyecto en el año 2006, varios años antes de que la Isla celebrase un concurso internacional», indicó en referencia al masterplan que redactó la Fundación Metrópoli. «Se dijo después que el plan especial se había adjudicado a Norman Foster pero fue a través de una unión temporal de empresas en el que juega el papel protagonista una sociedad del mismo conglomerado de la Fundación Metrópoli». Efectivamente, el concurso internacional se adjudicó a Taller de Ideas (participado por Metrópoli) y las ingenierías Tecnia y Arup. Y Norman Foster no participó como tal en el concurso, sino que su estudio de Londres era colaborador en el equipo que resultó ganador.

Según fuentes de la sociedad, sin embargo, el masterplan de Sogepsa no tiene nada que ver con el proyecto que ahora se redacta, ya que carecía de la justificación técnica y legal necesarias. Lo que ahora se redacta es un documento urbanístico de revisión de plan general que incluye aspectos arquitectónicos, de ingeniería, legales, de justificación y viabilidad económica y financiera y que permitirá ordenar los suelos con base legal y técnica. Por eso, según esas mismas fuentes, los derechos serían de quien redacte ese plan, esto es, la propia sociedad de la Isla de la Innovación.

Al margen del supuesto conflicto sobre la propiedad del proyecto, Juan Vega aseguró que es prioritario conocer qué ocurrirá con los terrenos. «Parece que la sociedad carece de cualquier compromiso con el Estado sobre los terrenos de la operación, y casi lo único que conocemos es que hay un gran aparcamiento construido en el subsuelo del Niemeyer, que permanece cerrado porque nadie sabe a estas alturas de quién es. El subsuelo pasó del Puerto al Principado pero la obra la hizo el Estado sin acreditar la titularidad del terreno por lo que ahora tenemos un barullo considerable». Sin embargo, según fuentes de la sociedad, no hay ninguna duda de la titularidad del aparcamiento, que es de Sepides (antes Infoinvest).

Por último, Vega relaciona también la gestión de los suelos y los posibles derechos urbanísticos con el intento de la Fundación de la Niemeyer de tener la cesión de los edificios. «Se atribuyen derechos urbanísticos al propietario del Niemeyer por su inversión en el proyecto. Nos preguntamos si aquí está la razón de buena parte de las desesperadas maniobras privatizadoras de los anteriores gestores públicos por transferir a semanas de las elecciones la titularidad del edificio a una entidad privada, presidida de forma vitalicia por el anterior presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces», concluye el viceconsejero.