E. CAMPO

El Consejo de Gobierno del Principado acordó que el Protectorado de Fundaciones, dependiente de la Consejería de Cultura, presente una demanda civil contra la modificación de estatutos de la Fundación del Centro Niemeyer. Según fuentes próximas al patronato de la Fundación, el trámite judicial se realizará esta misma semana, y al mismo se adherirá la Autoridad Portuaria de Avilés, por economía procesual, para no tener que iniciar dos procesos diferentes. El argumento para iniciar esta vía judicial es que en ninguna de las dos reuniones del patronato que se realizaron a finales del anterior mandato socialista, y en las que se modificaron los estatutos, había el quórum necesario.

La Autoridad Portuaria encargó hace semanas un informe jurídico externo, según el cual los patronos del Niemeyer quedaban legitimados para recurrir los cambios estatutarios. Además otorgaba valor a la tesis del Puerto, y también de Foro, de que las modificaciones son incorrectas por falta de quórum. Con la decisión tomada por el último Consejo de Gobierno anterior a las elecciones se abre la puerta de un nuevo episodio judicial en el enfrentamiento político cruzado entre socialistas y foristas por el control del Niemeyer.

Las modificaciones de estatutos, de hecho, son una de las bases de la batalla que comenzó hace más de medio año. Y es que el entonces entrante Gobierno de Foro no aceptó la modificación que blindaba el patronato ante los cambios políticos, reduciendo la participación pública y dando el control a los patronos privados. Las reuniones sobre las que gira buena parte de la polémica se celebraron los días 21 de febrero y 4 de junio de 2011, esta última tras las elecciones locales y autonómicas que supusieron la salida del PSOE del Gobierno regional.

Y así, además de discutir la idoneidad de estos cambios, en los que también se declaraba al socialista Vicente Álvarez Areces como patrono vitalicio de la fundación, Foro también inició la batalla contra la supuesta ilegalidad. Pese a que los antiguos gestores y algunos patronos aseguran que las modificaciones se tomaron de forma legítima y por unanimidad, los foristas sostienen que, a la vista de las actas del secretario, no hubo quórum en ninguna de las dos reuniones. Y esa es una de las razones por las que los cambios no se inscribieron en el Registro de Fundaciones, que depende de la Consejería de Cultura.

En septiembre, el consejero de Cultura, Emilio Marcos Vallaure, convocó una reunión del patronato, haciendo caso omiso de los últimos cambios, según los que el presidente y por tanto persona cualificada para convocar era el empresario Manolo Díaz. El Ayuntamiento avilesino interpretó esta decisión como un intento de asalto al patronato, y boicoteó la convocatoria. Ese fue el inicio de medio año de conflicto, salpicado de acusaciones y de reuniones para negociar la cesión de los edificios a la Fundación que, finalmente, acabaron en fracaso.

La culpa de la ruptura, según el gobierno avilesino, es del Principado, que puso todos los palos posibles entre las ruedas de la Fundación. Y según Cultura fueron los socialistas de Avilés quienes se negaron a realizar una auditoría cuando los puentes del acuerdo ya estaban tendidos entre ambas administraciones.

Ahora, tras la jornada electoral de ayer, se abre un nuevo escenario en el que el Niemeyer, la Fundación y su futuro volverán a jugar un papel fundamental.