28 de marzo de 2012
28.03.2012

La Isla de la Innovación sortea el escollo de la desinversión estatal, que será sólo parcial

Sepides, dueña del 60 por ciento del suelo, seguirá en el proyecto a la espera de negociar su participación futura en la ejecución de las obras.
El Puerto pone en venta sus acciones y vota contra las cuentas, disconforme con que los gastos salariales se transformen en más valor del activo

28.03.2012 | 02:00
Los consejeros de la Isla de la Innovación, difuminados al fondo, con las memorias del proyecto en primer término.

La tempestad desatada la pasada semana sobre el proyecto de la Isla de la Innovación y que por momentos pareció hacerlo naufragar antes de que llegase a puerto amainó ayer de golpe y donde antes se veían todo tipo de incertidumbres pasaron a vislumbrarse vías de entendimiento. Tan radical cambio de escenario se gestó en el seno del consejo de administración de la sociedad que tutela el proyecto, un órgano que el pasado viernes no pudo reunirse por falta de quorum y que ayer, con todos sus miembros presentes, sentó las bases para que la Isla de la Innovación siga a flote por lo menos hasta el momento en que tenga que debatirse lo sustancial: quiénes, en qué plazo y en qué proporciones costean las obras que deben servir para urbanizar 650.000 metros cuadrados de suelo en el área de la ría y adecuar esa zona para asentar en ella actividades de servicios y construir viviendas.

En todo lo anterior fue clave la seguridad que dieron ayer los representantes estatales en el consejo de la Isla de la Innovación sobre la continuidad de la Administración central por la parte que le toca al Ministerio de Hacienda, propietario a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) del 60 por ciento de los terrenos afectados por el proyecto urbanístico. Una continuidad que, según pudo saber este diario, se refiere a la fase actual de desarrollo del proyecto, consistente en redactar el plan especial de la nueva centralidad avilesina y lograr su integración en el Plan General de Ordenación Urbana de Avilés. Otra cosa será el papel que desempeñe el Estado en las fases futuras, empezando por la de urbanización y ejecución de equipamientos. En ese sentido, los representantes estatales dieron a entender ayer que tanto los objetivos del proyecto como los porcentajes de participación en el plan de las tres administraciones implicadas pueden ser objeto de negociación.

Lo extraño del asunto es que tuvieron que transcurrir ocho días desde que el Consejo de Gobierno aprobó sin mediar explicaciones el pasado día 16 la desinversión en la Isla de la Innovación hasta que el BOE del pasado sábado, día 24, concretó el alcance real que tendrá esa operación: el Ministerio de Fomento (a través de la Autoridad Portuaria de Avilés) abandona el proyecto, pero el Ministerio de Hacienda (a través de Sepides) continúa en él. «Hubo una mala interpretación», se limitó a decir ayer Carlos García Robles, responsable de Sepides en Avilés, a modo de explicación. En ese compás de tiempo durante el que la Isla de la Innovación estuvo en la cuerda floja se sucedieron las llamadas a la responsabilidad cursadas por el PSOE avilesino, el repudio del PP local al proyecto y las injerencias del Gobierno del Principado sembrando dudas sobre asuntos de calado como la propiedad intelectual del proyecto, la adjudicación del plan especial a la firma Metropoli y la gestión realizada del suelo del Niemeyer, uno de los espacios integrados en la Isla de la Innovación.

Los representantes del Gobierno del Principado en el consejo de la Isla decidieron no hacer declaraciones sobre los asuntos escabrosos que previamente habían denunciado «y que todo el mundo sabe que están ahí», según precisó Juan Vega, Vicesonsejero de Fomento. A esa postura también se sumaron los consejeros que actúan en nombre del Ayuntamiento de Avilés con la Alcaldesa, Pilar Varela, a la cabeza. En el ánimo de todos estaba no generar más controversia de la estrictamente necesaria una vez que el Estado confirmó que su renuncia al proyecto sólo será parcial.

La nota discordante en una reunión pretendidamente conciliadora la dio la Autoridad Portuaria, cuyo presidente, Raimundo Abando, votó en contra de las cuentas de la Isla de la Innovación por considerar que «no es de recibo» transformar en más valor de activo de la sociedad los salarios pagados al personal en plantilla, lo que en jerga contable se denomina «activación de gastos». Asimismo, y siguiendo el mandato estatal de desinvertir en la Isla de la Innovación, Abando comunicó que el paquete de acciones del Puerto, con un valor nominal de de 50.000 euros, está a la venta. Ayer al menos, nadie mostró interés en comprarlas.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook