30 de marzo de 2012
30.03.2012
 

Grueso y Caicoya, dos gestores bajo la lupa inquisitiva de Foro

30.03.2012 | 05:14

Ya con el también socialista Manuel Docampo como presidente, y siempre según los documentos que ahora revela Raimundo Abando, el Puerto de Avilés firmó el 23 de enero de 2009 un convenio a tres bandas con el Principado y la SEPI para que esta última construyese el aparcamiento subterráneo del centro cultural, una obra que costó 6 millones de euros y que aún sigue sin estrenar. La Autoridad Portuaria cedió en ese acto administrativo a cambio de nada el aprovechamiento del subsuelo de la finca del Niemeyer.

«Ese convenio anticipa lo que iba a ocurrir meses más tarde, pues en la cláusula cuarta se dice que el Principado y la SEPI permutarán los derechos de propiedad del subsuelo antes de un mes a partir del día siguiente a la aceptación por parte del Principado de la finca de 28.000 metros cuadrados que le cederá el Puerto. Es decir, el Gobierno de Areces hizo ver en la firma de ese convenio que lo que pretendía era la propiedad, no sólo el derecho de ocupación, de la parcela del Niemeyer», explica Abando.

La confirmación de esas intenciones que expone Raimundo Abando llegó el 17 de mayo de 2011, sólo cinco días antes de celebrarse elecciones autonómicas en Asturias y en el transcurso del último consejo del Puerto que presidió Manuel Docampo, quien para entonces ya sabía que sus días en el cargo estaban contados. El acuerdo establece que la Autoridad Portuaria de Avilés cede al Principado por 50 años, sin contrapartida alguna a cambio, la titularidad de 28.600 metros cuadrados de la finca donde se alza el Niemeyer. La tasación de ese solar determina que su valor era entonces de casi 2,6 millones de euros.

«Me consta que el presidente Areces presionó durante dos años a Docampo para que firmase esa cesión, que es de todo punto innecesaria y anómala. Fue innecesaria porque el Principado ya tenía el derecho de ocupación, luego ¿para qué quería la propiedad? Y fue anómala porque el Puerto, dependiente del Ministerio de Fomento, regaló patrimonio estatal a una administración autonómica, algo muy inusual», cuestiona Abando.

Atando cabos, el presidente del Puerto vincula esa «extraña maniobra de cesión de suelo estatal» con el empeño que mostró Álvarez Areces por ceder el aprovechamiento del Niemeyer a la fundación rectora, de cuyo patronato era miembro de honor. El ex Presidente no logró su objetivo porque IU, de aquella socia de gobierno de los socialistas, lo impidió. Y más aún, Abando sospecha que los aprovechamientos urbanísticos de la Isla de la Innovación, de la que el Niemeyer forma parte, son una pieza notable de este puzzle.

«El Puerto no sólo regaló al Principado una parcela por valor de más de 2,5 millones de euros, también le donó gentilmente los derechos urbanísticos de ese solar, adscrito al plan de la Isla de la Innovación», denuncia Abando, a quien el Gobierno de Rajoy le ha mandado ahora desinvertir de la sociedad gestora de ese proyecto porque, entre otras cosas, el Puerto ya no tiene suelo que desarrollar en ese área.

La trama de intereses socialistas que los responsables de Foro tratan de desenredar también tiene, según apunta Raimundo Abando, ramificaciones que apuntan a Santiago Caicoya, Natalio Grueso y Pilar Varela. Al actual gerente de la sociedad de la Isla de la Innovación, los foristas le reprochan que llegase al cargo de rebote desde la gerencia de Sedes, la empresa a la que el Principado encomendó la construcción del Niemeyer. De Natalio Grueso, señalado por la Consejería de Cultura como el máximo responsable de la opacidad económica del Niemeyer cuando era gerente del centro, se investiga ahora su vinculación en calidad de asesor internacional con la Fundación Metropoli, la entidad a la que Sogepsa -otro ente regional en el punto de mira de Foro- encargó el masterplan de la Isla de la Innovación y que, meses después y formando parte de una UTE, fue seleccionada por la Isla para redactar el plan especial.

«Metropoli cobró primero 450.000 euros por el encargo de Sogepsa y luego casi 700.000 por el plan especial, dos cifras que, cuando menos, invitan a la discrepancia; es mucho dinero para un encargo de esas características», critica Abando a la vez que invita a la Alcaldesa de Avilés, Pilar Varela, a dar explicaciones: «El Ayuntamiento, junto con el Principado, era el único órgano que estaba a la vez, en los consejos de Sogepsa y de la Isla de la Innovación».

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