Francisco L. JIMÉNEZ

El Ayuntamiento de Avilés, los dos sindicatos más representativos de la comarca (UGT y CC OO) y la patronal -representada por la Federación Asturiana de Empresarios (FADE)- presentaron ayer los contenidos del llamado Plan Avanza, el documento que plasma los acuerdos alcanzados en el marco del Pacto social que se viene negociando cada mandato en el concejo desde el año 2000. Las estrategias están más claras que nunca y orientadas al doble objetivo de estimular la actividad económica local sin descuidar la cohesión social. El problema es que ni un solo euro de los 153 millones que costará desarrollar durante los próximos cuatro años los proyectos previstos en el Plan Avanza tienen todavía reflejo presupuestario dado que ni el Ayuntamiento, ni el Principado, ni el Gobierno central han aprobado sus cuentas para este ejercicio. Por poner un símil, los agentes sociales han comprado un coche pero de momento no tienen acceso a la gasolina.

La Alcaldesa, Pilar Varela, no obvió en su intervención ante los medios de comunicación la paradoja de disponer de un plan pero carecer de dinero para ponerlo en marcha. A este respecto adelantó que la previsión es que el Ayuntamiento de Avilés costee el 37 por ciento del dinero total que costará el Plan Avanza a lo largo de sus cuatro años de duración y que las administraciones regional y central pongan el resto «cuando tengan presupuestos». Precisamente esa falta de concreción financiera es la que aconsejó a los actores del Plan Avanza aplazar la firma del acuerdo hasta que se despeje el panorama del dinero.

Varela también mandó un aviso a navegantes y, adelantándose a cualquier posible resultado en las próximas elecciones autonómicas, precisó que «éstas son las políticas socioeconómicas que los agentes sociales queremos desarrollar en el municipio; así lo hemos decidido por consenso, o sea que no hará falta improvisar otras». Tanto la Alcaldesa como los secretarios comarcal de UGT, Amado González, y CC OO, José María Guzmán Pacios, y el delgado de FADE en Avilés, Rubén Pérez, recalcaron que esta cuarta edición del Pacto social avilesino es fruto «de aplicar el sentido común ante las dificultades, del diálogo, el consenso y la responsabilidad de las partes». No lo dijeron abiertamente, pero en el aire flotaba cierto resquemor porque ese mismo talante no presida otras negociaciones de más calado dentro y fuera del concejo.

El IV Pacto social de Avilés reivindica en sus postulados el carácter «eminentemente industrial del concejo» sin desmerecer de las aportaciones que puede hacer la emergente «industria de la cultura» y fiel a esa defensa de las fábricas insta a los firmantes a presionar a quien corresponda para fijar una tarifa eléctrica competitiva (algo vital para compañías como Arcelor, AZSA y Alcoa). La formación enfocada al empleo, la necesidad de un plan comarcal de suelo industrial y un mayor desarrollo del binomio «ciencia + innovación» son algunos de los asuntos que aborda la última versión del Plan Avanza.