Myriam MANCISIDOR

Setenta y siete mujeres -una más que en enero- cuentan a día de hoy con orden y medidas de protección en Avilés, según datos facilitados ayer por la concejala de Igualdad, Ana Hevia, tras reunirse con la comisión técnica para la coordinación de actuación y el seguimiento de violencia machista en Avilés. Dicha comisión mostró su preocupación por la demora de hasta dos meses en la atención psicológica a las víctimas. «Desde que se deriva a las mujeres a este servicio hasta que son tratadas por la psicóloga especialista de Salud Mental transcurre un plazo estimado de entre mes y medio a dos meses, lo que significa un gran inconveniente para la recuperación personal de las víctimas», sentenció.

En Corvera, donde actualmente hay 17 mujeres con orden de protección, también destacaron días atrás la lentitud en el acceso a este servicio, que se presta en dependencias del servicio de Salud Mental de Avilés. Desde octubre de 2009 y hasta diciembre de 2011 las víctimas de violencia machista recibían asesoramiento psicológico. En este tiempo, una profesional atendía dos veces a la semana -en ocasiones tres, según la demanda- a las personas que solicitaban asistencia. En 2011 la edil de Bienestar Social, Yolanda Alonso, solicitó al Gobierno regional que se reanudara este servicio, que comenzó a funcionar hace semanas.

La comisión de violencia machista destacó a su vez que de las 77 mujeres víctimas de malos tratos en Avilés, 65 son españolas y 12 extranjeras. La Policía Nacional realiza el seguimiento de 57 de ellas y la Policía Local de Avilés de las 20 restantes. El de Avilés se convirtió en 2011 en uno de los primeros cuerpos de policías locales de España en obtener el acceso al registro central de protección a las víctimas de violencia de género, lo que permite a los agentes conocer el estado en el que se encuentra el procedimiento judicial de las personas a las que tienen que proteger.

La Policía Local avilesina cuenta con un equipo especializado en violencia machista desde 2004. El servicio comenzó entonces con teleasistencia, de tal forma que las mujeres podían avisar a los agentes mediante una alarma cuando se sentía amenazadas. Un año después y fruto de varias reuniones, el Ministerio y el Ayuntamiento firmaron un acuerdo de colaboración para trabajar de forma coordinada en esta materia con la Policía Nacional, que hasta el momento se ocupaba de dicha labor.

En Castrillón, por otra parte, hay en la actualidad diez mujeres con protección policial por violencia machista, seis de las cuales dependen de la Guardia Civil.

En otro orden de cosas, la comisión de seguimiento de casos de malos tratos a mujeres reconoció la labor realizada por Elena Menéndez Requejo, vocal de dicha comisión que cesó por voluntad propia como jefa de la unidad de coordinación de violencia de género de la Delegación de Gobierno de Asturias y urgió el nombramiento de un nuevo funcionario en este campo. Asimismo valoró el trabajo desarrollado por Benito Rubio Navarro, de la Policía Nacional, que ahora se jubila.