Vicente MONTES

La compañía ferroviaria estatal Feve pagó 40 millones de euros por ocho trenes-tranvía para Avilés y Langreo que no pueden circular porque no se han ejecutado aún las obras de la barrera ferroviaria. Tampoco pueden circular por ninguna línea española porque requieren de una tecnología de alimentación eléctrica inédita, prevista sólo en esos dos proyectos asturianos. El contrato, ordenado bajo el mandato en el ministerio de Fomento el socialista José Blanco, está considerado irregular por la Abogacía y la Intervención General del Estado al menos en el caso avilesino.

La adjudicación para Avilés se hizo con un concurso público que quedó desierto y dio paso, después, a una adjudicación directa. Ahora, el Ministerio no sabe qué hacer con los trenes. Feve encargó hace meses una reforma de diseño (lo que supone más dinero) para que puedan incluir motor diésel con el objetivo de reutilizarlos o venderlos al extranjero, probablemente a Sudamérica, indicaron fuentes próximas al proyecto. Además, existen otros trenes más en construcción para León.

El episodio es uno más de la enrevesada historia de la barrera ferroviaria avilesina, que partió de una idea de soterramiento que jamás se ejecutó a un plan de integración (firma de convenio incluida) presentado públicamente que no ha avanzado un ápice. En un arrebato para darle veracidad al proyecto, el ministro José Blanco encargó a Feve la compra de los trenes que circularían por Avilés. Ahora, a punto de terminar su construcción, no tienen vías por las que transitar. Otro tanto parece que ocurrirá en Langreo. Los cuatro trenes para el corredor del Nalón están menos avanzados en la fábrica, pero se entregarán próximamente.

Feve acordó en enero de 2011 encargar a la empresa Vossloh, con talleres en el municipio valenciano de Albuixech, la construcción de cuatro ferrocarriles urbanos para Avilés por 18 millones. Poco después, el 31 de marzo de ese mismo año, Feve volvió a encargar a Vossloh otras cuatro unidades de tren-tram para la línea Gijón-Laviana, dentro del proyecto de integración ferroviaria del corredor del Nalón. Tampoco en Langreo se han ejecutado las obras físicas necesarias, por lo que todo parece indicar que los trenes de las Cuencas seguirán la misma suerte que los avilesinos. Pagados, pero sin uso posible. Ese contrato supuso casi 22 millones de euros. En total, Feve adquirió por 40 millones ocho trenes para Asturias que no puede utilizar.

El escándalo ha sacudido al ministerio de Fomento, ahora en manos de la popular Ana Pastor. En medios de este organismo no se descarta incluso reclamar responsabilidades patrimoniales al ex ministro socialista José Blanco, o a su predecesora Magdalena Álvarez. Además, estas demandas podrían exigírsele también a los dos ex máximos responsables de Feve, Ángel Villalba y Juan Díez, que ordenaron la compra.

Mientras tanto Feve como la empresa constructora Vossloh guardan silencio, los populares consideran que «no es de recibo comprar trenes cuando aún ni siquiera se han iniciado las obras para que circulen».

Con estos proyectos, los socialistas pretendían renovar la práctica totalidad de la infraestructura ferroviaria de vía estrecha asturiana, sustituyendo la tecnología actual por la de un híbrido entre tren y tranvía eléctrico en las líneas Gijón-Cudillero y Gijón-Laviana. Este modelo permite velocidades cortas en tramos urbanos y alcanzar los 100 kilómetros por hora en tramos entre ciudades. «Es lo más idóneo para evitar trasbordos», señalaron fuentes próximas al proyecto.

Pero para su uso era necesaria una inversión en las vías que no se ha completado ni en Langreo ni en Avilés (en esta última ni siquiera hay perspectiva de contratarlas). Hay trenes pero no hay vías. Sólo queda venderlos o guardarlos en un almacén, pero con las restricciones presupuestarias hasta los propios proyectos ferroviarios de Langreo y Avilés corren peligro.

Las unidades ya prácticamente terminadas, las avilesinas, disponen de aire acondicionado, plataforma de acceso baja, asientos para personas con movilidad reducida y bajo nivel de ruidos y vibraciones. Requieren de una vía electrificada de 1.500 voltios con tramos en los que circular como tranvía eléctrico a 750 voltios.

Pocas alternativas le quedan ahora a Feve. Los servicios jurídicos ya han advertido de que pese a que la contratación pudo ser irregular no cabe rescindir el contrato y Fomento deberá abonar íntegramente el coste. Incluso si se rompieran los contratos no terminados, debería indemnizar al constructor.