Myriam MANCISIDOR

Las facetas de la crisis se multiplican hasta lo más insospechado. Una de cada diez personas mayores de la comarca ha dejado la residencia donde vivió en los últimos meses porque no podía afrontar su coste. Muchos de esos mayores están a día de hoy con familiares a los que entregan su pensión, un dinero con el que sobreviven muchos hogares en apuros. Estos datos de ámbito estatal y facilitados días atrás por la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) se pueden extrapolar a la comarca avilesina, donde entre el diez y el quince de los usuarios de residencias de ancianos ya ha dejado libre la habitación por falta de solvencia económica en su núcleo familiar. El mercado de las residencias privadas está, de hecho, cayendo en picado.

Una plaza en una residencia privada de la comarca supone un desembolso mensual que oscila entre los 800 y 2.000 euros al mes, según las prestaciones que reciba el usuario: habitación individual o compartida, nivel de dependencia... A esto hay que sumar otros gastos habituales como los servicios de peluquería o podología. «Los usuarios optan ahora por regresar a casa y recibir cuidados de personas que, en ocasiones, no son profesionales», manifiesta el responsable de los centros residenciales Larrañaga, Daniel Moriyón, quien considera que este problema ligado a la aplicación de la Ley de Dependencia «tiene difícil solución». Los mayores que hasta el momento han dejado su plaza en Larrañaga no tienen un perfil definido.

«Hay personas muy dependientes que se han ido y otras menos dependientes que también lo han dejado. Básicamente es una cuestión de dinero, con la pensión del anciano ingresado en la residencia puede vivir una familia», sentenció Moriyón. La misma situación la están viviendo otros geriátricos privados de la comarca avilesina. La Federación Empresarial de la Dependencia estima que si sigue esta tendencia, en España se perderán más de 25.000 puestos de trabajo: por cada dos usuarios que abandonan una residencia, se pierde un empleo. Este cambio, advierten desde la FED, va a provocar un mayor gasto en las prestaciones del Sistema Nacional de Salud.

A lo anterior hay que añadir, como avanzó días atrás el catedrático de Geografía Humana Enrique Baca en los cusos de verano de La Granda, que en el año 2050 «seremos más viejos y más urbanos». El profesor manifestó que la tendencia es que la población cumpla noventa años y más. Y para hacer frente a estas previsiones de envejecimiento de la población, a su juicio, «no se están tomando las medidas necesarias, en parte debido a la crisis». Y es que la actual situación económica está afectando a ciertas prestaciones sociales conquistadas en los últimos años. La falta o el retraso en la concesión de ayudas es otro factor , según los profesionales, que contribuye a que las familias con ancianos en geriátricos tengan que prescindir de estos centros para sobrevivir con las pensiones de los mayores.

En Avilés, por ejemplo, hay 660 familias en lista de espera para percibir el salario social, lo que obliga al Ayuntamiento a un mayor esfuerzo presupuestario para ofrecer ayudas de emergencia para que hagan frente a los gastos más básicos. La media de espera, en Asturias y en Avilés, es de 18 meses, según la concejala de Bienestar Social, Yolanda Alonso.

En este sentido, la consejera de Vivienda y Bienestar, Esther Díaz, defendió hace unos días la necesidad y la intención del Ejecutivo asturiano de abrir un proceso de debate y diálogo sobre el reglamento del Salario Social, ya que ha asegurado que el perfil de sus solicitantes ha cambiado de manera considerable desde el inicio de la crisis y sigue cambiando día a día. Entre tanto, los ancianos dejan atrás los centros residenciales donde disfrutaron de los últimos meses al cuidado de personal cualificado.