Lo que antes de defendió a capa y espada ahora resulta que es ilegal. El patronato de Fundaciones (depende de la Consejería de Cultura) se negó a inscribir los cambios estatuarios adoptados por la Fundación el año pasado, los acuerdos que daban mayor peso a la presencia pública en el Patronato, entre otros asuntos. Según trascendió ayer, incumplen la normativa -como defendió el anterior Consejero de Cultura, el forista Emilio Marcos Vallaure- por varios motivos. Entre ellos se encuentran las funciones que se atribuían al secretario («equivalentes a la de alta dirección») y al quórum (se pretendía que los patronos de honor, como Vicente Álvarez Areces, tuviesen voto y este contabilizase, cuando su figura no está legalmente establecida).

Los gastos en actividades también fueron calificados de «disparatados». Dentro de los gastos de la Fundación en 2011, 1,1 millones se corresponden con los costes de producción y coproducción de las obras «Utopía», de María Pagés; «Ricardo III», de Kevin Spacey; y la exposición «Luz», de Carlos Saura. Y la realidad, según explicaron los técnicos, es que «no se corresponden los gastos de producción con la posibilidad de retorno de beneficios». Por ejemplo: cada vez que Pagés baila su «Utopía» revierte en la Fundación en 600 euros. Este espectáculo ha arrojado unas pérdidas de 320.597 euros.

Del Río y Fernández Viesca aclararon, en todo caso, que no habrá problemas con la continuidad de la programación de actividad en el Niemeyer si no se repiten esos «gastos desorbitados» y trasladaron su confianza en que el proceso concursal en el que está envuelta la Fundación está cerrado el próximo mes de febrero, al igual que el plan de pagos a los acreedores y el de viabilidad.

¿Se abrirán responsabilidades? Esta fue la cuestión en la que más insistieron los concejales que participaron en el encuentro, según las fuentes consultadas. La secretaria planteó un escenario coincidente con el que ya expuso este periódico. Esto es: en este momento sólo existe una persona que puede reclamarlas, el administrador concursal. Será cuando termine este proceso (a principios del próximo año, según las previsiones de los actuales gestores) cuando puedan reclamarse, si bien la decisión corresponderá en todo caso al patronato de la Fundación del Niemeyer.

Los representantes de la oposición salieron convencidos, además, de que la decisión de aminorar la participación pública en la entidad era en «bloof» en base a las aportaciones privadas que recibió la Fundación el año pasado: 36.000 euros del Grupo Daniel Alonso y 2.771 de Fluor, S. A.