El cambio que ayer aprobó el consejo de administración del Puerto -sólo hubo dos votos en contra- para cambiar la normativa que hasta ahora venía regulando la utilización con carácter público de las grúas privadas que trabajan en los muelles comerciales de Avilés dará paso a un litigio a resolver en el ámbito jurídico de lo contencioso-administrativo. Según fuentes del sector de las empresas consignatarias consultadas por este diario, la nueva regulación que afecta a las grúas portuarias avilesinas elimina el derecho público de uso que pesaba sobre las mismas (pese a que son de propiedad privada) y ciertas empresas que operan en el Puerto y carecen de medios mecánicos para cargar y descargar barcos «saldrán perjudicadas con la decisión que tomó el consejo», por lo que se da por seguro que recurrirán la decisión «o se irán a trabajar a Gijón, donde no tienen este tipo de problemas», según manifestó uno de los empresarios afectado por la medida.
El presidente de la Autoridad Portuaria, Santiago Rodríguez Vega, comentó que la decisión tomada (retirar la cláusula de uso público de las grúas que llevaba vigente desde 2002) está amparada legalmente «por informes jurídicos de la propia casa y de Puertos del Estado» e hizo ver que no cabía actuar de otra manera «dado que la propia ley general de Puertos establece que el servicio de grúas, como otros de índole portuaria, están liberalizados desde el año 2003».
