Potenciar el transporte marítimo, previo abaratamiento de los costes inherentes al mismo, y lograr atraer inversores privados a los puertos. Este es el objetivo que se marca la Comisión Europea y para lograrlo ha decidido desempolvar, con las debidas correcciones, el plan de mejora y liberalización de servicios portuarios que quedó archivado en 2006 debido a la falta de consenso sobre el mismo. El proyecto, del que ayer hizo un avance el vicepresidente de la Comisión y responsable de Transportes, Siim Kallas, está dirigido a 319 «puertos clave» de los 1.200 que hay en Europa; los dos asturianos -el de Avilés y El Musel- están incluidos en la relación de 38 muelles españoles afectados por los cambios que vienen.

El plan de mejora de la calidad y la competitividad portuaria de Bruselas persigue abaratar los costes de los servicios portuarios y poner fin a los monopolios injustificados; esto implica que servicios como el suministro de combustible o los que prestan los prácticos y los amarradores, entre otros, deberán justificar la necesidad de mantener sus supuestos regímenes monopolísticos y, en todo caso, consultar con los usuarios las tarifas que establecen al menos una vez al año. Según lo avanzado ayer por Kallas, «las cuestiones de los trabajadores portuarios quedan al margen». Esto evitará, a priori, una más que segura conflictividad que hubiera estallado en el caso de que la Comisión insistiera en sus planteamientos pasados. La fuerte oposición de los estibadores fue una de las razones que obligó a aparcar en 2006 una reforma liberalizadora de similar tenor a la ahora anunciada.

Con el nuevo texto regulador del funcionamiento portuario la Unión Europea persigue «mejorar la financiación de los puertos mediante la inversión privada, a través de los programas de cofinanciación europeos, y dar libertad a las autoridades portuarias para decidir las tarifas que cobran por el uso de sus infraestructuras». El objetivo, en palabras de Kallas, «es doble: lograr más recursos para los puertos, pero con más transparencia, y asegurar su modernización y la mejora de sus conexiones terrestres». Fuentes comunitarias dieron a entender que este proyecto tendrá un impacto positivo para España «dado su potencial marítimo y su capacidad exportadora». Las mismas fuentes sostienen que en adelante las autoridades portuarias estarán obligadas a seguir los criterios de igualdad y no discriminación en la concesión de servicios, «algo que ahora no siempre se cumple».