Si la semana pasada nos vimos en la necesidad de puntualizar unas afirmaciones inexactas de la Alcaldesa de Castrillón, nos parece oportuno precisar también algunos detalles de la réplica por parte de don Julio A. García Lagares en LA NUEVA ESPAÑA (19 de junio) a una información del periódico, una semana antes, sobre nuestras alegaciones ante la permuta de una finca de la empresa Aldergarten que el Ayuntamiento acordó en el Pleno del pasado 29 de abril, recientemente sometida a información pública.

El ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias no puede presentarse como simple mediador en l'Espartal, puesto que actúa en representación de una sociedad mercantil, Aldergarten, S. L., apoderado por la misma el 1 de febrero de este año ante notario, como acredita la Secretaria General del Ayuntamiento en la presentación del convenio a la aprobación del Pleno antes mencionado. La mediación lo es entre partes y ese papel no parece competer a quien dispone de poderes de uno de los intereses enfrentados.

No es cierto que haya «construcción permitida por las sentencias» del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y del Tribunal Supremo, ni que el Ayuntamiento deba autorizar, sin más, tal construcción. Lo sentenciado es que la finca que ahora es propiedad de la empresa a la que representa el magistrado jubilado, tiene la consideración de suelo urbano no consolidado. Hasta ahí de acuerdo, porque es hasta donde llegaron los altos tribunales cuando el Gobierno del Principado de Asturias se plegó a los intereses de Aldergarten y no defendió los intereses de todos y el valor patrimonial del lugar.

Pero el caso es que para que en un suelo urbano no consolidado se llegue a permitir la construcción, se han de cumplir unos trámites que no se han superado, y sin ese visto bueno no hay construcción legal posible. El estudio de detalle no fue autorizado debido a deficiencias que no fueron subsanadas; no hubo negativa municipal, sino que la empresa no corrigió tales deficiencias, y por tanto, no se entiende por qué se amenaza con indemnizaciones multimillonarias.

Las circunstancias ambientales y otras facetas del convenio planteado son todavía mucho más complejas, y ANA continuará empleando su esfuerzo y la libertad de expresión en el cumplimiento de su compromiso de más de 40 años con el medio ambiente asturiano y -en este caso- defendiendo uno de los enclaves más valiosos de Asturias, cual es el seguramente mejor campo dunar aún conservado de nuestra costa, junto con los valiosos hábitats que atesora.

Obviamente, no es nuestra intención ningún tipo de injurias al señor García Lagares ni «en extensión a otras personas». Está en su derecho, ¡faltaría más!, de asesorar y mediar entre ayuntamiento y empresa (sólo nos preguntamos desde cuándo lo viene haciendo), y de ir aún más allá siendo -como lo es- parte de la misma como apoderado legal. Que, por favor, no amenace con la artillería judicial que tan bien conocerá (parecería un poco abusón por su parte), pero podremos sorprendernos, al menos, de que un ex presidente del TSJA sea el apoderado de la sociedad limitada de cuyo proyecto, lo menos que se puede decir es que resulta sumamente controvertido y lesivo para el patrimonio natural de Castrillón y asturiano en general.

Nosotros estamos del lado de evitar más ladrillo en l'Espartal; evidentemente preferiríamos que tan experto magistrado jubilado estuviese de nuestra parte.