Una asociación de empresas de software ha presentado una denuncia contra una firma castrillonense del sector industrial por supuesto uso de programas informáticos (software) sin licencia. El colectivo (Business Software Alliance, BSA) presentó la demanda ante el Juzgado de lo Mercantil número 3, con sede en Gijón, y estima en 100.000 euros la supuesta utilización y reproducción de programas ilegales por parte de la firma castrillonense. El procedimiento se encuentra en la fase inicial y a la espera de que un perito presente el informe definitivo sobre el posible perjuicio económico para las propietarias de los derechos de los programas en cuestión.
El juzgado que recibió la denuncia (el Mercantil número 3) aceptó el registro que solicitaron los demandantes. Este se produjo el pasado 27 de junio en la sede de la compañía, en Castrillón, y consistió en la inspección de unos cincuenta ordenadores. El origen del caso se encuentra en un informador que puso en conocimiento de BSA la posible utilización de programas ilegales a través de la web de la asociación (www.bssa.org), siempre según la versión de los denunciantes.
En medios jurídicos explicaron que el caso se encuentra en la fase de medidas cautelares. No será hasta que el perito presente su informe definitivo cuando el juzgado reciba la demanda definitiva.
«Las empresas que utilizan software sin licencia se exponen a una serie de riesgos muy graves. Si su modo de actuar es detectado, se arriesga a tener que pagar daños y perjuicios por las licencias que deberían haber adquirido. Además, las compañías también están obligadas asegurarse de que todos esos programas están licenciados de forma adecuada de cara al futuro», explicó Carlos Pérez, uno de los abogados de BSA en España. «Otra serie de problemas derivados de la utilización de programas informáticos sin licencia son la pérdida de datos, fallos críticos del sistema o una mayor exposición a ataques de virus informáticos», añadió.
Business Software Alliance (BSA) es una asociación formada por más de 70 empresas de todo el mundo de creación y desarrollo de programas informáticos. Entre sus objetivos se encuentra la lucha contra la piratería. Según uno de sus estudios, el 44 por ciento de los programas informáticos utilizados en los ordenadores españoles en 2011 (últimos datos disponibles) fue pirateado.
BSA asegura que en 2012 alcanzó el récord histórico de registros contra empresas por uso de programas ilegales, con un aumento del 15 por ciento del coste para las compañías, pasando de 636.000 euros en 2011 a 728.000 el año pasado.
