Los colectivos que atienden a personas en riesgo de exclusión advierten de que se está yendo hacia un modelo de beneficencia, algo «muy negativo», según explicó ayer en Llaranes Víctor García Ordás, presidente de la red europea de lucha contra la pobreza en Asturias (EAPN-AS). García Ordás presidió junto a la alcaldesa de Avilés, Pilar Varela, y la consejera de Bienestar Social, Esther Díaz, una jornada de participación social que versó sobre la dignidad en los procesos de inclusión e instó a las administraciones a que agilicen todas las políticas que benefician a las personas que más sufren. «Estamos en momentos de crisis y pese a las directrices europeas para 2020 que instan a una reducción de la pobreza, ésta no hace más que crecer», denunció García Ordás.
El presidente asturiano de EAPN tachó de contradicción la «reducción y supresión» de políticas sociales en la protección de las personas. «Son derechos que no se pueden poner en cuestión y más cuando las diferencias entre la clase social más alta y la más baja son cada vez mayores», avisó. En ese sentido, defendió el papel de las organizaciones sociales: «Están convencidas para transformar y responder a los problemas de los mayores, la infancia, los inmigrantes, los gitanos... aquellos que sufren situaciones de exclusión y de vulnerabilidad». En EAPN hay 26 asociaciones con cerca de 400 personas trabajando, más otros 3.000 voluntarios, que atienden a unos 95.000 ciudadanos en Asturias.
La consejera de Bienestar Social, por su parte, defendió que el Gobierno regional está tomando medidas para no pasar «la frontera» de la exclusión social. Así, el presidente, Javier Fernández, ha encomendado a varias consejerías la elaboración de una agenda contra la pobreza y la exclusión social: «Nos ha pedido que nos conjuremos en el blindaje de los servicios sociales en Asturias».
Esther Díaz arremetió contra el Gobierno estatal, al que acusó de no aportar ni un solo euro a las políticas dirigidas hacia las personas y denunció que la reforma de la administración local dejará todo el peso de la atención de los servicios sociales a las comunidades autónomas. «El Ayuntamiento de Avilés es un ejemplo en el desarrollo de políticas de inclusión y el Estado le va a quitar esa posibilidad, ya que la reforma le dice que no puede dar ni un solo euro. Va a ser imposible que el Principado pueda abordar todas las prestaciones. Hay mucha soledad, injusticia e insolidaridad», sentenció la responsable regional.
La alcaldesa de Avilés, en la misma línea que la consejera, aseguró que la «consecuencia más importante» de la política de recortes del gobierno de Mariano Rajoy es que «se está abonando el camino para que haya más exclusión». «Lo tenemos que contraponer con otras políticas posibles basadas en la cercanía, la complicidad y los recursos económicos. Eso está en peligro con la reforma de la administración local», aseveró.
Díaz, por otro lado, aseguró que el centro de mayores del Nodo abrirá antes de acabar el año.
