Las carencias formativas de buena parte de los políticos municipales es algo que no se le escapa a nadie. De hecho, el capítulo de Personal de las Corporaciones locales viene siendo incrementado notablemente para pagar nóminas de personas que trabajan en la sombra y a las que se les supone un perfil más técnico que político.

Son los llamados «asesores», conniventes con la línea política del Gobierno de turno, contratados a dedo para asesorar y evitar las burradas en que, aún con asesores y en más ocasiones de las deseadas, caen los ediles más garrulos.

Ahora se debate la propuesta del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón de contratar un seguro para evitar que quienes actúan desde la ignorancia -o la mala fe- tengan que responder con su patrimonio personal de las meteduras de pata que a todos nos cuestan dinero.

Teniendo presente la máxima de que «un gran poder conlleva una gran responsabilidad», hasta ahora, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la Ley de Normativa Tributaria y la Ley de Transparencia próxima a ser aprobada en el Congreso, regulan y ahondan en la responsabilidad personal y patrimonial de los políticos patosos o malintencionados.

Parece lógico que quien, en el ejercicio del poder, comete un error con consecuencias, éstas sean afrontadas por quien ejerce el poder y no por terceros ajenos a la decisión tomada. ¡Qué fácil y qué cómodo sería ejercer el poder y despreocuparse de las consecuencias!

Quizás dudoso de su escasa formación o de la de sus colegas, el concejal de Foro Asturias en el municipio gijonés llega a decir que «sin seguro, ni Rita va a firmar licencias, ni informes». Desconozco si Rita estaría dispuesta a arriesgarse. Todo va a depender del grado de conocimientos que Rita o sus asesores -nombrados a dedo- puedan tener de la materia de que se trate.

De las palabras del concejal Roces se deduce que es perfectamente aceptable el hecho de que los políticos municipales no tengan ni idea, ni el más mínimo conocimiento de la tierra sobre la que pisan. Un hecho que incluso parece ser aceptado por los ciudadanos que hasta ahora no han puesto el grito en el cielo ante tanto contrato «digital» que supone pagar el doble o más por el mismo servicio. Pero, ya se sabe desde que una destacada «miembra» del PSOE nos lo dijera: «El dinero de todos es dinero de nadie».

Hay quien, en el tema del seguro contra las burradas de los ediles, encuentra como mayor problema el hecho de que la póliza cubriría posibles delitos contra la libertad sexual. Con ser interesante, me parece el chocolate del loro que oculta que lo realmente importante es que se tapa, mediante una póliza de seguros, la ignorancia o falta de preparación de los que han sido elegidos para administrar.

Lo más natural, lo más lógico, sería que los partidos exigieran un mínimo de calidad a los candidatos que presentan. No basta con ser el más pelotas o que el candidato haya demostrado de puertas adentro que sabe reptar mejor que cualquier otro.

Es evidente que el sistema hace aguas por donde quiera que se mire. No se puede seguir nutriendo las listas de candidatos con elementos de esta naturaleza que van a necesitar andadores toda la vida para poder dar un paso y que tienen pendientes de demostración los conocimientos necesarios para ejercer un cargo de tanta responsabilidad.

En ocasiones se demuestra de forma palpable que el manejo del dinero púbico no está en las mejores manos. La contratación a dedo de «asesores» acaba de recibir su justo merecido por parte del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que ha dado 50 días al Gobierno regional para que elimine nada menos que trescientas jefaturas creadas en los felices tiempos del presidente Areces; plazas que, evidentemente, fueron para los amigos y personas más próximas personal o ideológicamente al presidente, hoy miembro del Senado, una institución que parece haber sido creada para proteger de la acción de la Justicia a determinados políticos en situación comprometida.

En ese manejo irresponsable o poco controlado del dinero público en favor de los políticos no sólo entraría la suscripción de las pólizas de seguro para que los ediles no paguen con su patrimonio los errores o el empecinamiento, sino la doble paga por el mismo servicio que supone la contratación de «asesores» a dedo para hacer el trabajo que les corresponde a los concejales o a funcionarios de habilitación nacional, como el Secretario General del Ayuntamiento y otros. ¿No sería mejor llevar a los asesores en las listas de elegibles como concejales? Quizás haya quien vea en estas líneas un canto a la tecnocracia, pero ¿Cómo se le llamaría al sistema que pone en manos de técnicos la ignorancia de los ediles?

Hay otros casos aún menos explicables del uso «alegre» del dinero público, como el hecho de que el coordinador regional de Izquierda Unida, Manuel Gómez Orviz, cobre un salario como asesor del grupo parlamentario? o se estén sufragando determinadas actividades de los diputados con un dinero igualmente público que, en la mayor parte de las ocasiones, acaba en la Tesorería del partido correspondiente para abonar parte de los gastos de la formación? o que muchos de los empleados de los grupos parlamentarios jamás pisen el Parlamento y trabajen en realidad para el partido, en su sede y pagados con dinero de todos? ese que es de nadie.