El técnico ambiental de la Mancomunidad Comarca Avilés, Ignacio Martínez, presentó ayer una denuncia por acoso contra la Alcaldesa de Castrillón, Ángela Vallina, ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En dicha denuncia considera a Vallina culpable de tomar decisiones que "vulneran el más elemental derecho a la dignidad y a su integridad moral y profesional". La decisión de la Mancomunidad Comarca Avilés de recortar el horario y el sueldo del trabajador, alegando una reducción de los recursos económicos de los ayuntamientos, hace aflorar el conflicto. Dicha decisión fue tomada únicamente con los votos de Vallina y del Alcalde de Illas, Alberto Tirador. Martínez se incorporó tras un concurso-oposición para efectuar tareas ambientales en los concejos de Corvera, Illas y Castrillón.
El trabajador es delegado sindical de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI), cuyo responsable, Marco Antonio García, subrayó que una sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Avilés ya determina injustificada la decisión de reducir la jornada y retribución del técnico ambiental. "Lo que ahora procede denunciar es que, probablemente para intentar influir en otros contenciosos sin resolver, o como represalia, la Alcaldesa de Castrillón no encomienda labor al trabajador desde hace más de seis meses, e incluso no permite el desarrollo de los asuntos en marcha".
Esto, para la CSI, es "un comportamiento denunciable por atentar a derechos laborales básicos, y es en particular inaceptable en una Alcaldía, y en especial de una alcaldesa de Izquierda Unida". Para atajar críticas de intereses electorales, Marco Antonio García aclaró: "La circustancia de la proximidad de una cita electoral en la cual Ángela Vallina es candidata no puede mediatizar la denuncia cursada, ya que este sindicato se caracteriza, frente a otros, por no obededer a consigna política alguna, ni está dispuesto a admitir interferencia en su labor sindical".
La Corriente Sindical recuerda además que, en su opinión, el origen del conflicto "está en el cambio de criterio operado por la Alcaldía sobre la protección del ámbito dunar en El Espartal, en Castrillón". Ignacio Martínez elaboró informes contrarios al proyecto residencial. Ese proyecto consiste en construir viviendas y un hotel en las dunas próximas a Salinas.
Los hechos que expone la denuncia son los siguientes. Que Martínez se incorporó como personal laboral fijo a jornada completa de 40 horas semanales en agosto de 2009. Que el Ayuntamiento de Castrillón, tras las últimas elecciones, dejó de realizar encargos al técnico y propuso después reducir a la mitad las atribuciones del trabajador. En un primer momento, en enero de 2013, el Alcalde Tirador le planteó en una reunión aceptar voluntariamente a un recorte en su retribución, poniendo sobre la balanza que eligiera: o eso, o la disolución de la Mancomunidad. El argumento que Tirador le ofrece es que Castrillón se veía obligado a reducir las aportaciones económicas a la entidad mancomunada. Tras rechazar esta propuesta, Martínez es llamado al Ayuntamiento de Illas, donde se reúne con Tirador en presencia del secretario de Organización de IU, Daniel Sánchez. En una larga conversación, de la que el técnico aporta pruebas, estos dos interlocutores intentaron convencer al trabajador a ceder por las buenas en pro de la permanencia de la Mancomunidad.
En octubre de 2013 la junta de la Mancomunidad acuerda modificar la RPT rebajando labor y retribución del técnico. A partir de ahí comienza la tramitación judicial que ahora continúa.
