La propuesta de dictamen que presentó ayer en la Junta General del Principado el presidente de la comisión del Niemeyer incluye una serie de recomendaciones y propuestas de actuaciones, entre ellas que se dote al Principado de una ley autonómica de fundaciones en la que se regule en profundidad estas entidades del sector público. El diputado de UPyD en la Junta general del Principado, Ignacio Prendes, ya registró el pasado enero en el parlamento asturiano una Proposición no de Ley para instar al Consejo de Gobierno a que presente ante la Cámara para su debate un Proyecto de ley de Fundaciones del Principado antes de que finalice el periodo de sesiones.
En lo que se refiere la gestión en la Administración del Principado, el dictamen inicial plantea que la Intervención General realice un control previo y posterior de las subvenciones nominativas (como las que recibió el Niemeyer) y que en el ámbito del futuro proyecto de ley de transparencia se dé publicidad a las justificaciones de estas ayudas. También plantea "regular de forma homogénea el concepto del llamado resto del sector público del Principado adaptándolo a la normativa comunitaria y requerir la intervención de la Sindicatura de Cuentas en la fiscalización de las fundaciones públicas.
En cuanto a la gestión de la Fundación, plantea fiscalizar la actividad económica financiera y de gestión de la entidad desde su constitución y hasta el 31 de diciembre de 2013 por parte de la Sindicatura de Cuentas del Principado y remitir al Tribunal de Cuentas el dictamen una vez aprobado por si en su contenido pudieran existir hechos de responsabilidad contable.
Falta de colaboración
El informe provisional reserva un apartado para las limitaciones que se ha encontrado la comisión a la hora de desarrollar su labor investigadora. Alfonso Román López se refiere a la "poca colaboración prestada por el Consejo de Gobierno" en la fase de solicitud y envío de documentación. Apunta, en concreto, que "en la mayor parte de los casos la documentación remitida no venía foliada ni ordenada" y que en algunas ocasiones la comisión no obtuvo respuesta a sus peticiones. Es más, concluye que "esa falta de colaboración del Consejo de Gobierno" ha dilatado los trabajos de la comisión.
