Una sentencia libra del IBI urbano en Avilés a los dueños de dos millones de metros cuadrados

El fallo del Tribunal Supremo que impide cobrar el IBI urbano en suelo que, pese a tener esta calificación, no se haya llegado a desarrollar, afecta en Avilés a dos millones de metros cuadrados. Así lo indicó ayer el portavoz del PP, Constantino Álvarez, quien reclamó un informe municipal de carácter jurídico que determine claramente el impacto que supondrá esta sentencia en la recaudación fiscal del Ayuntamiento de Avilés. Se estima que en toda España la merma de recaudación será de 4.500 millones de euros, ya que la contribución de las fincas rústicas es muy inferior a la de los suelos urbanos.

Uno de los principales beneficiados de la aplicación de esta sentencia son, según Álvarez, los propietarios de suelos afectados por el polígono industrial de Retumés, un proyecto paralizado desde hace años. Varias familias vieron cómo su contribución se multiplicaba por diez el último año, tras la revisión catastral que vino a actualizar el pago de las fincas en función de su recalificación como urbanizable industrial. Un ejemplo práctico: un propietario que pagaba menos de 100 euros ahora abona 870 por cerca de 40.000 metros cuadrados de suelo. Este inconveniente se suma a la parálisis de todos los proyectos sobre los suelos de su propiedad, congelados en la práctica a la espera de un polígono industrial que en su día se determinó "prioritario" pero al que su coste y las dificultades orográficas han relegado al olvido.

Entre los suelos de Retumés y los de la reserva industrial de la cantera de Mota suman 840.000 metros cuadrados. Y hasta los dos millones anteriormente mencionados se llega con la suma de los suelos de uso residencial que no cuentan con ningún instrumento urbanístico aprobado. Según los cálculos de Constantino Álvarez, quedarían fuera tanto los convenios urbanísticos -independientemente de su grado de desarrollo- como los urbanizables de Gaxín y La Llamosa, ya que en ambos casos hay un plan parcial aprobado. Otro tanto ocurre con El Cueto en Heros. Todos estos suelos, según Álvarez, no estarían afectados por el fallo del Supremo.

Sin embargo sí entrarían en esta lista de suelos por los que no se puede cobrar una contribución urbana otros como los de La Atalaya, La Plata, Valparaíso, Bustiello Norte, La Lleda, El Pelame, Bao y la ermita de La Luz, entre otros. Tanto este último como el de La Lleda cuentan con alguna tramitación, pero que Álvarez no considera suficiente al carecer de aval en el Ayuntamiento.

"En definitiva estamos hablando de dos millones de metros cuadrados a cuyos propietarios se les giraron ya recibos de suelo urbanizable, algo que según esta sentencia no procede", indicó Álvarez. Queda sobre la mesa la pregunta de si además estos afectados podrán en un futuro reclamar el dinero que pagaron de más en 2013. "Es un balón de oxígeno para los vecinos de Retumés, que estaban en tierra de nadie. Es injusto gravar a esta gente por un suelo que, a lo mejor, no se desarrolla en la vida".

Este "recurso en casación en interés de la ley" dictado por el Tribunal Supremo responde a un proceso iniciado en 2009 en Extremadura. De ahí surge este fallo vinculante y de obligatorio cumplimiento para toda España, que conllevará importantes pérdidas económicas para los ayuntamientos, al reducir los ingresos del IBI en estos suelos no desarrollados. "Esto está vinculado con el desarrollo del boom urbanístico, una fiebre de la que Avilés no se libró, y el plan general calificó suelos para construir hasta 17.000 viviendas", apuntó el portavoz del PP. Mucho de ese suelo continúa sin edificar, pero sus propietarios tienen que pagar más contribución. "En toda España están afectados un millón de propietarios", añadió Constantino Álvarez.