C. CORTE /
F. L. JIMÉNEZ
"Es la historia de una irresponsabilidad". Así calificó el diputado nacional de IU Gaspar Llamazares la gestión de la Administración en relación al accidente ocurrido en la fábrica de San Juan de Nieva de la empresa Asturiana de Zinc (Azsa) en noviembre de 2012 y que causó la intoxicación por vapores de mercurio de medio centenar de trabajadores de la contrata IMSA, que participaba en la reparación de un intercambiador de la planta de tostación.
Llamazares, que junto al coordinador de IU en Asturias, Manuel González Orviz, se reunió con representantes de los trabajadores afectados, quiso denunciar "la situación de abandono en que se encuentran los afectados por parte de la Administración". Sergio Fernández, representante de los trabajadores intoxicados, confesó estar bajo de moral, "porque desde que se produjo el accidente, hace ya casi dos años, no hemos encontrado más que trabas".
Fernández no comprende cómo a día de hoy sólo uno de los trabajadores está de baja. Muchos tuvieron que recurrir a los tribunales de justicia para prorrogar la suya. "No nos dan de baja, pero a la vez admiten que no estamos capacitados para trabajar", denuncia. "Me hice una prueba en la sanidad privada por la que me diagnosticaron polineuropatía de carácter moderado y quince días más tarde la realicé en el HUCA y me decían que no tenía nada".
Este afectado por el mercurio, al igual que otros cuatro compañeros, se negó a firmar un acuerdo "amistoso" con Azsa para pasar página con respecto al accidente, pero los 42 trabajadores que sí lo hicieron ahora están empezando a arrepentirse, según Fernández. "Los que lo tienen, viven del paro, pero está a punto de acabárseles. No tenemos noticias del juez ni del fiscal, el proceso penal se está retrasando para ahogarnos económicamente", lamenta. "Desde la empresa (Azsa) aseguraron que no iban a presentar alegaciones al recargo de prestaciones, pero no cumplieron su palabra y ahora dicen que la culpa fue nuestra por no haber cumplido el protocolo de seguridad e higiene, algo que está más que demostrado que es falso".
El diputado Llamazares lamenta que los afectados por la intoxicación "están abandonados a su suerte, porque ni la mutua ni la sanidad pública han cumplido con su obligación de admitir que estamos ante una intoxicación por mercurio y no ante 'una posible intoxicación'". Aseguró, además, que este caso es más habitual de lo que se cree y que refleja "la precaria situación del trabajo en España y en la nueva Europa que estamos construyendo, donde los trabajadores están desprotegidos y viven en condiciones precarias".
